Anarquía gubernamental para proteger «bosque del agua»

Intereses inmobiliarios podrían afectar la zona boscosa que incluye a siete municipios del Edomex y parte del estado de Morelos: Max Correa

Max Correa Hernández, líder moral de la Central Campesina Cardenista (CCC), ratificó que poderosos intereses inmobiliarios realizan cabildeo y todo tipo de acciones encaminadas a seguir impulsando proyectos de urbanización en la zona boscosas conocidas como «bosque del agua» que contempla a municipios como Huixquilucan, Jilotzingo, Naucalpan, Lerma, Isidro Fabela, Nicolás Romero, Ocoyoacac y parte del estado de Morelos.

No obstante, el también exlegislador local de morena, Max Correa, sostuvo que las tres gobernadoras de la zona centro del país, están absolutamente comprometidas a proteger la zona boscosa de sus respectivas demarcaciones por lo que confió que harán lo necesario para detener al grupo de desarrolladores que identificó como “cartel inmobiliario”.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y titular de la emisión del programa “De Análisis” que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma de información comunicadoresmx, Correa Hernández expreso que el bosque de agua comprende desde la Sierra de Jilotepec y abarca los municipios de Chapa de Mota, Villa del Carbón, Isidro Fabela, Nicolás Romero, Naucalpan, Huixquilucan y parte de Ocoyoacac.

“El Bosque de Agua representa una riqueza biocultural, hay ecosistemas, especies endémicas únicas, pero además la importancia de estos territorios de vida es que se dota de agua a casi 20 millones de personas de la zona metropolitana del Valle de México y del Valle de Toluca y la zona metropolitana de Santiago Tianguistenco”, precisó.

Consideró que dicha zona boscosa es estratégica para la región centro del país y por ende para el gobierno federal.

Recordó que el ex gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al cierre de su gestión, intento reactivar el proyecto inmobiliario “Diamante”, pero una resolución del Poder Judicial la echa atrás; Max Correa, también resaltó que dicho tema de construcción de residencias de lujo en dicha zona, fue un tema de debate entre las entonces candidatas Delfina Gómez de Morena y Alejandra Del Moral del PRI.

El líder social aseguró que en el proyecto de Bosque Diamante están metidas familias de políticos del PAN y del PRI, e incluso legisladores de otras fuerzas políticas, pero sobre todo el actual Senador panista Enrique Vargas del Villar.

 Así como el sobrino de Diego Fernández Ceballos, quien actualmente se desempeña como legislador local.

“Todos ellos traen un proyecto inmobiliario que trata de desarrollarse en este territorio de bosque de agua; son intereses políticos muy fuertes, así como económicos y de actores de poderes fácticos… también altamente peligrosos para ese territorio”, dijo el líder de la organización Cardenista.

Confió que los proyectos inmobiliarios que buscan afectar a la zona boscosa que rodea a la gran urbe de la ciudad de México, no avanzarán, entre otros factores, porque hay miles de personas que defenderán el territorio.

“Es un tema, desde mi punto de vista, no solamente ambiental, sino también es de seguridad nacional y, es un tema donde las tres gobernadoras (del Centro del país) y el Gobierno federal están involucrados”, dijo. 

Respecto a las críticas que se han registrado en la plataforma de comunicadoresmx, respecto a su desempeño como legislador, en cuanto a la Ley de Amnistía, Max Correa, dijo estar satisfecho con su trabajo, ya que en la legislatura que participó como integrante de la Comisión Legislativa especial y luego como legislador interesado en el tema, logró crear la Ley que benefició a aproximadamente 3 mil personas que lograron obtener su libertad.

Dijo entender, pero no compartir, las opiniones de algunos líderes sociales que traen agendas personales, de sus propios agremiados, no obstante, recordó que incluso la liberación de varias personas bajo la ley de amnistía fue por delitos que eran graves. Logró que se consiguió cuando él se desempeñó como legislador.

“Hay más de 3 mil personas liberadas y varias de ellas por delitos graves”, expresó.

Max Correa dijo que sobre dicho tema tiene una perspectiva positiva porque en las próximas semanas entrarán los nuevos operadores-jueces del Poder Judicial, los cuales fueron electos por voto directo de la población.