Poder Judicial exoneró a 338 factureras

Déficit fiscal, deuda, factureras y gravámenes, entre los temas planteados por diputadas y diputados a funcionarios superiores de Hacienda.

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público plantearon a los subsecretarios de Ingresos y de Hacienda, al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la procuradora Fiscal de la Federación, cuestionamientos relacionados con los ingresos públicos para 2026, específicamente en materia de recaudación, déficit fiscal, factureras, deuda, gravamen a bebidas saborizadas y casas de apuestas en línea.

En respuesta a los planteamientos de legisladores, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Gotera, comentó que el contrabando de combustibles es histórico y con el liderazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se está trabajando en un grupo interinstitucional porque es una problemática que incide en varios temas.

Añadió que los impuestos provenientes de aduanas se han incrementado este año más de 200 mil millones de pesos, no todos del combate al huachicol pero sí una parte importante. Hay investigaciones del pasado y muchas redundan en resultados actualmente. En este año, además de las querellas se han confiscado más de 65 millones de litros de hidrocarburo.

Sobre el IEPS, indicó que es una iniciativa que tiene que ver más con salud, Se está contemplando recaudar entre 35 y 40 mil millones de pesos entre el IEPS a tabacos y bebidas, adicional a lo que se está captando que son otros 40 mil millones de pesos; en total se estarían captando 75 mil millones de pesos.

Refirió que las enfermedades provenientes de estos productos que se están gravando representan en el año aproximadamente cien mil muertes por enfermedades como diabetes, cáncer y obesidad, lo que le cuesta al erario público 180 mil millones de pesos anuales, ello sin considerar la pérdida de productividad del trabajador.

Aclaró que no hay un incremento en los impuestos a los ahorradores, es la tasa de retención que se está cobrando a los intereses; el Impuesto Sobre la Renta no cambia. En cuanto a una reforma fiscal estructural, recordó que se ha sido reiterativo que primero se debe agotar que todos los contribuyentes paguen con equidad y justicia.

A su vez, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, subrayó que están completamente comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso del déficit se viene de una trayectoria a la baja y para 2026 se espera que el déficit público se reduzca 4.1 por ciento del PIB.

Indicó que, de acuerdo con el último reporte de finanzas públicas, el saldo de la deuda está en 17.9 y el Producto Interno Bruto en 36.1 billones de pesos, por lo que se puede decir que la capacidad de pago es sostenible, porque crece el saldo y el Producto; el costo financiero de la deuda de México está por debajo del promedio de Latinoamérica que es de 4.9 y nosotros estamos en 3.8.

Para contener los riesgos, si no se materializan los ingresos públicos, dijo, se tiene el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios que vale 144 mil millones de dólares, la cobertura petrolera y los programas de cobertura de tasas de interés y de tipo de cambio. Anunció apoyos para la Ciudad de México, en particular para la Línea 12 del Metro, y se hace un esfuerzo para tener superávit primario.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, destacó la importancia de los avances en materia de fiscalización. Precisó que antes de la reforma al artículo 28 constitucional se condonaron más de 400 mil millones de pesos, pero hoy ya no se perdonan impuestos.

Informó que el Fobaproa ha costado 1.4 billones de pesos, de los cuales los bancos dedujeron 290 mil millones, por lo que se decidió no deducir las cuotas del saneamiento financiero del rescate bancario, y se estima que la recaudación por ese concepto será de 10 mil millones de pesos anuales. Sobre la deducción de cuentas incobrables a bancos y sectores se eliminarán los privilegios y homologarán criterios para deducir cuentas incobrables.

Dejó en claro que para combatir empresas factureras se propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para incluir nuevos procedimientos, identificar empresas inexistentes, prohibir la inscripción en el RFC de nuevas empresas donde participen socios, accionistas y representantes legales de esas empresas y bloquear la facturación indebida desde el inicio.

También, plantea un procedimiento expedito que garantizará el derecho de audiencia, y establece como nuevos delitos enajenar, comprar, adquirir o dar efectos fiscales a facturas falsas y venta de facturas en redes.

A su vez, la procuradora Fiscal de la Federación, Gisel Galeano García, estimó que integrar las carpetas es complejo y dar con estas redes de delincuencia organizada no es fácil, pues a veces están en esquemas de defraudación por factureras.

Expuso que hay 102 querellas por contrabando y desde 2022 se han logrado 152 sentencias condenatorias por un monto de 5 mil 928 millones de pesos. Dijo que se tiene que agilizar la norma y los procedimientos penales para dar un buen destino a los decomisos.

Resaltó que en 2022 la Procuraduría presentó 15 denuncias por empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) con un perjuicio fiscal de 17 mil 402 millones de pesos, más mil 568 casos presentados por el SAT, de los cuales mil 173 ya fueron judicializados y en 565 casos hay vinculación a proceso.

Lamentó que en 338 casos se determinó por el Poder Judicial la extinción del proceso penal donde además se les otorgó la libertad, hubo pagos de menos de un millón de pesos y no se generó recaudación pese a que el perjuicio fiscal asciende a miles de millones de pesos.