Está en manos del Poder Judicial impedir construcciones ilegales y extracciones de agua de manera irregular.
Max Correa Hernández, dirigente moral de la Central Campesina Cardenistas, sostuvo que el agua ha sido y es un gran negocio para unos cuantos que han hecho enormes fortunas a partir de que se han apropiado, irregularmente, de pozos de agua, mediante los cuales no solo se benefician y acumulan fortunas, sino que también perjudican a cientos de personas a las que dejan sin el vital líquido.
En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y titular del programa “De Análisis”, que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma de información comunicadoresmx, el exdiputado de morena, Max Correa, recordó que afortunadamente tanto el gobierno estatal como el federal han empezado a emprender diferentes acciones para poner un freno tanto a los desarrolladores inmobiliarios como a los llamados “huachicoleros” del agua.
Hay disposición y compromiso del gobierno federal y estatal para proteger al llamado bosque de agua que existe y da vida, así como agua a las grandes zonas metropolitanas de la zona centro del país, dijo.
El líder campesino recordó que semanas atrás las tres titulares del Poder Ejecutivo del Estado de México, Morelos y la Ciudad de México se han estado comprometiendo a emprender un frente común no solo para atajar las conductas delictivas relacionadas con la afectación al medio ambiente, sino también sumar esfuerzos y capacidades de sus respectivos gobiernos para atajar a los delincuentes y personas en general que afectan el medio ambiente de la zona centro de México.
Recordó que, junto a los esfuerzos y acciones emprendidas por los referidos gobiernos, las organizaciones no gubernamentales en pro del medio ambiente también han estado impulsando la actualización del marco legal.
Prueba de lo anterior, enfatizó, es la iniciativa presentada por la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum, para actualizar la ley que regula todo lo relacionada con el agua.
Actualización a la Ley de Aguas nacionales que presumiblemente se estaría discutiendo en los próximos días en el Congreso de la Unión.
Puntualizó que dicha nueva ley aborda temas cruciales para el manejo del agua en el Estado de México y en el país en su conjunto.
Max Correa precisó que los temas evolucionan de forma acelerada, por ello la le ley del agua busca contar con un marco legal acorde a las nuevas realidades que vive el país.
En este sentido, admitió que desde hace varias décadas, los llamados “huachicoleros” del agua se apropiaron de pozos de donde sustraen miles de metros cúbicos de agua, para hacer un negocio del líquido al que todos tienen derecho de acceder.
En este sentido recordó la resolución que meses atrás realizó sobre la Presa Madin la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del expediente 135/2023, el cual plasma que las autoridades competentes están obligadas a realizar un plan integral para dicho cuerpo de agua, ubicado en la zona norte del Estado de México.
En este sentido, Max Correa, precisó que otra acción realizada por diferentes áreas del gobierno estatal y federal, es lo relacionado con frenar los procesos de urbanización desordenados, presentes en algunas zonas del Estado de México.
Objetivo al que seguramente las y los nuevos actores del Poder Judicial se sumarán, ya que durante décadas las y los jueces permitieron la edificación de un gran número de obras en zonas que visiblemente afectaban y afectaron a enormes regiones boscosas de la entidad.
Correa confió que las y los nuevos jueces (surgidos del voto popular) no dejaran que los grandes poderes económicos que están atrás de las inmobiliarias sigan ganando los juicios que les han permitido edificar en zonas que non son aptas para tales objetivos que conlleva la urbanización.
Había un Poder Judicial corrupto que les permitía (a inmobiliarias) realizar muchas acciones ilegales, a los desarrolladores inmobiliarios, pero hoy eso está cambiando a partir de la nueva configuración de ese Poder y sus nuevos actores, las y los nuevos jueces, opinó.
En este sentido, el dirigente de la Central Campesina Cardenista, resaltó el compromiso de algunos ejidatarios e integrantes de la comunidad de Jilotzingo, así como de la sierra Otomí, donde se ubica el llamado bosque de agua, para enfrentar a los poderosos desarrolladores inmobiliarios que han visto en esa zona un negocio bastante rentable, peor en abierto detrimento del medio ambiente de la región.
¿Es momento de evolucionar en el convenio que tiene el Edomex con la Ciudad de México, para un pago relacionado con el agua que se sustrae del subsuelo estatal y de sus presas para enviarla a la capital del país?
“Sin duda es parte del planteamiento que se debe hacer y, desde luego se tiene que sustentar con este nuevo marco jurídico de voluntades. Me refiero al compromiso que hay de las tres gobernantes del Estado de México, Ciudad de México y Morelos”, expresó.
Max Correa no dudó en sostener que habrá un nuevo marco jurídico que regulará de forma justa, equitativa y transparente todo lo relacionado con la sustracción, manejo y operación del agua en general.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la ley que seguramente se estará aprobando en los próximos días, dijo.
Por último, dijo que todas las acciones impulsadas por el gobierno mexiquense, de la Ciudad de México y Morelos generarán una condición muy favorable para que se pueda establecer, guardando proporciones, una especie de sembrando vida para el Estado de México; es decir que haya retribución a los dueños de los bosques de agua que proporcionan el vital líquido a la ciudad de México y su zona conurbada habitada por 20 millones de personas.
IMPULSO A LA ALGA ESPIRULINA
En cuanto a la alga espirulina de Texcoco, Max Correa, consideró que el mundial de fútbol es el momento preciso para que millones de personas conozcan a la cianobacteria nativa del Lago de Texcoco, la cual viene desde la época prehispánica, pues sustentó a las comunidades de la zona, ya que es un superalimento por su alto contenido proteico, vitaminas y antioxidantes.
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