A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dio a conocer que nuevamente los indígenas defensores medio ambientales Celerino Rojas García, Gonzalo Sánchez Ronquillo y Trinidad Cruz Gallardo, representantes del pueblo indígena otomí de Cahuacán están citados ante una Fiscalía, pero ahora ante la General de Justicia del Estado de México en su «Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles en la Entidad» con sede en Toluca para el próximo 19 de enero de 2026 a las 10 horas dentro de la Carpeta de Investigación: IXT/ ATL/IXC/285805/25/10 de la cual se desprende que tienen el carácter de «imputados» de supuestos delitos de carácter grave, según la legislación mexiquense, lo que pone en riesgo su libertad y su labor de defensa de los bosques, el agua y los derechos de los pueblos indígenas a los cuales los defensores en comento pertenecen.
ANTECEDENTES:
Celerino Rojas García, Gonzalo Sánchez Ronquillo y Trinidad Cruz Gallardo, han sido personas visibles en la defensa que la comunidad indígena ha realizado durante al menos los últimos 15 años frente a los intentos de despojo de su territorio, contra la tala clandestina, y la ausencia de reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena.
En 2025 sufrieron una escalada en las agresiones, incursiones y hostigamiento penal tanto empresariales como gubernamentales: El Ayuntamiento de Nicolás Romero ha enviado granaderos para intentar reprimirles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha montado agresiones con supuestos trabajadores de confianza, la Concesionaria AT-AT, filial de la Empresa Trasnacional Aleatica les ha golpeado y amenazado de muerte; y por sobre todo ello la resistencia del pueblo se ha sostenido a base de organización comunitaria. Resulta evidente que las autoridades y empresas han optado por la criminalización y el uso indebido del sistema de justicia penal para coartar la organización indígena y debilitar su resistencia, utilizando ya no solamente la vía de la FGR sino desde octubre del año pasado iniciaron la ruta de la FGJEM.
Santa María Magdalena Cahuacán pertenece a la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) en la que participan pueblos y organizaciones de los estados de Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, CDMX y Edomex, articulación de corte nacional que exige diálogo con la Presidenta Claudia Sheibaum y con acciones de hostigamiento como la aquí descrita se refuerza la necesidad de exponer ante la primer mandataria toda la problemática que aqueja a esta expresión social mexicana.
PETICIONES
Por lo anteriormente narrado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles para que con fundamento en el artículo lro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos y el Acuerdo de Escazú se garantice la libertad personal e integridad física y psicológica de las personas defensoras indígenas y ambientalistas de referencia.
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