Por Veneranda Mendoza
El Ayuntamiento de Toluca mantiene pendiente por aclarar el destino de 287 millones 432 mil 800 pesos de recursos federales, observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último tramo de la administración encabezada por el priista Juan Maccise Naime.
De acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, al gobierno municipal se le practicó la auditoría 975 sobre recursos del gasto federalizado, incluidas participaciones.
El universo auditado fue de 319 millones 217 mil 800 pesos, monto que además representó el 100% de la muestra, es decir, se revisó la totalidad de los recursos.
Hasta ahora, el Ayuntamiento solo ha logrado solventar una observación; sin embargo, cinco siguen en proceso, concentrando los 287 millones de pesos aún sin aclarar, lo que derivó en la emisión de tres Pliegos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
El ejercicio fiscal 2024 en Toluca se desarrolló en un contexto atípico. El entonces alcalde, el priista Raymundo Martínez Carbajal, dejó el cargo para evadir una orden de aprehensión por su presunta participación en un caso de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de quien fuera su suegro.
Ante este escenario, Juan Maccise Naime asumió la presidencia municipal por acuerdo político y concluyó el periodo el 31 de enero de 2024, en medio de una crisis administrativa heredada.
En marzo de ese año, el exregidor Mario Cardoso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra Martínez Carbajal por presuntos actos de corrupción, al señalar un posible desfalco de 237 millones 585 mil 042 pesos.
No obstante, el monto podría ser mayor. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) había observado 2 mil 577 millones 737 mil 481 pesos, derivados de auditorías realizadas hasta diciembre de 2023.
Entre las irregularidades detectadas destacan adjudicaciones directas sin sustento, desvío de recursos, contratos simulados, obras pagadas no ejecutadas, compras fraccionadas y uso indebido de recursos públicos, entre otras anomalías.
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