Con el objeto de impulsar un marco integral de prevención, atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) planteó tipificar el delito de explotación laboral infantil e imponer, a quienes lo cometan, seis años de cárcel, que podrán alcanzar hasta nueve años con diversas agravantes.
La iniciativa presentada durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, a la que se adhirió la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo (PT), señala que el delito se configura cuando una persona, por sí misma o por medio de otra, utilice, obligue, induzca, facilite o se beneficie del trabajo de la niñez y adolescencias.
Puntualiza que, en el caso de las adolescencias, también se presentará cuando la actividad afecte su salud física o mental, limite, obstaculice o impida su acceso o permanencia en el sistema educativo, atente contra su dignidad o desarrollo integral, o se realice en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas.
El proyecto legislativo detalla que la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad; es decir, de seis a nueve años, cuando la víctima sea menor de 15 años, padezca alguna discapacidad, pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, se encuentre en condición de pobreza, marginación o exclusión social, o cuando el responsable sea el padre, la madre, parientes, tutores o la persona que ejerza la custodia o cuidado de la víctima; además podrá perderse o suspenderse la patria potestad.
Al exponer la propuesta de reforma a las leyes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Educación, así como del Código Penal, todos de la entidad, le diputade señaló que el trabajo infantil y adolescente en condiciones no permitidas continúa siendo una de las problemáticas más persistentes y complejas que enfrenta el país, ya que vulnera de manera directa derechos fundamentales como la educación, la salud, la integridad personal, el descanso y el esparcimiento, además de reproducir ciclos estructurales de pobreza y exclusión social.
Puntualizó que el trabajo infantil no es una ayuda ni debe normalizarse, y que, de acuerdo con el Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025–2029, en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad y Naucalpan, entre el 10 y 12 por ciento de menores realizan actividades de riesgo, en el comercio informal o en entornos que ponen en peligro la integridad de la niñez.
En Toluca, Zinacantepec y Tecámac, añadió, las cifras se encuentran entre el siete y el 10 por ciento, y en regiones como Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya o Sultepec, supera el 12 por ciento con un ausentismo escolar prolongado y muy pocas veces con una supervisión institucional.
Por esto, su planteamiento solicita que las autoridades estatales y municipales implementen acciones coordinadas de prevención, detección, atención y restitución integral de los derechos de menores de edad en situación de trabajo infantil, mediante acciones institucionales de protección y apoyo que garanticen el restablecimiento de sus derechos en los ámbitos educativo, psicológico, social y jurídico, con enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez, perspectiva de género e interculturalidad.
Entre las medidas propuestas se incluyen la canalización inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así como a las instancias de asistencia social correspondientes; la garantía de acceso, permanencia y, en su caso, reintegración al sistema educativo; la atención médica, psicológica y social necesaria para asegurar la recuperación y el bienestar integral; el acompañamiento familiar y comunitario, orientado a visibilizar y atender el trabajo infantil como un problema social, familiar e institucional; la protección contra cualquier forma de estigmatización, discriminación o revictimización; así como la orientación y, en su caso, capacitación dirigida a madres, padres o personas tutoras.
Aparte, plantea que el Estado y los municipios generen información, diagnósticos y registros administrativos sobre el grupo poblacional referido, con el objeto de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a su prevención, atención y erradicación progresiva, a través de la secretaría del Trabajo y de la secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y sus sistemas municipales (DIF); el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); las áreas de planeación y estadística del Ejecutivo estatal y de los municipios; así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Para la Secretaría del Trabajo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, en coordinación con el DIFEM, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y los ayuntamientos, propone que elaboren y den seguimiento a un programa específico de prevención y atención del trabajo infantil en la entidad, el cual será implementado a través de los sistemas municipales DIF y de las áreas de protección de menores.
A su vez, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con las autoridades escolares, el Sipinna y las autoridades municipales, implementará medidas para prevenir el abandono escolar y garantizar la permanencia y reincorporación al sistema educativo de la niñez y adolescencias que se encuentren en situación de trabajo infantil, riesgo de abandono escolar o vulnerabilidad social.
Algunas medidas planteadas son: detección temprana de riesgo de abandono escolar; reincorporación educativa, tales como programas de regularización académica, acompañamiento pedagógico, tutorías escolares; flexibilización académica; vinculación y canalización, en coordinación con la Secretaría de Bienestar estatal, el Sipinna y las autoridades municipales, a programas de apoyo social y acciones de protección de derechos dirigidas a la niñez, adolescencias y a sus familias, con el fin de prevenir el trabajo infantil y favorecer su permanencia en el sistema educativo.
Por último, promueve que el Sistema Educativo Estatal se coordine con las autoridades competentes a fin de prevenir el abandono escolar y garantizar el acceso, permanencia, reincorporación y conclusión de los estudios de quienes se encuentren en situación de trabajo infantil, riesgo de abandono escolar o vulnerabilidad social.
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