Al señalar que, de enero al 2 de abril de 2026, en el Estado de México se registraron 362 incendios forestales —de los cuales nueve de cada diez pudieron ser provocados por personas, según fuentes oficiales—, el diputado Carlos Alberto López Imm, a nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, propuso sancionar con 50 a 200 horas de trabajo comunitario a quienes los provoquen, ya sea de manera intencional o por negligencia.
Esta pena se sumaría a la multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) (equivalente a 117 mil 310 pesos en 2026) que mandata el Código para la Biodiversidad local, y sería aparte de la sanción de tres a 10 años de prisión y multa de hasta 150 UMA (equivalentes a 17 mil 596.5 pesos en 2026) que ya considera el Código Penal vigente de la entidad.
La propuesta, expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, establece que el trabajo comunitario será supervisado por la autoridad y consistirá en actividades relacionadas con la restauración ambiental, educación ambiental o reforestación y prevención de incendios.
Al exponer la iniciativa que reforma el Código para la Biodiversidad mexiquense de la bancada que coordina el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, el legislador indicó que los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales más graves, debido a que impactan de manera directa, e incluso irreversible, la biodiversidad, los ecosistemas, el equilibrio climático y la calidad de vida de las personas.
Además, sus consecuencias no se limitan al deterioro ambiental, sino que también generan pérdida de empleos, desplazamiento de comunidades, afectaciones a la salud pública y un alto impacto social y económico.
Compartió que, aproximadamente el 48 por ciento del territorio, equivalente a un millón 65 mil 360 hectáreas, está cubierto por bosques, de los cuales dependen cerca de 40 millones de personas para el abastecimiento de agua y otros bienes.
En cuanto al impacto económico, compartió que la Protectora de Bosques de la entidad estima que cada hectárea forestal que se quema representa un costo superior a un millón y medio de pesos para el erario, considerando labores de combate y restauración, sin contar gastos logísticos críticos, como seguros de vida para brigadistas, transporte aéreo, reparación de caminos y el uso de tecnología para monitoreo.
Por lo anterior, afirmó que resulta indispensable fortalecer las consecuencias jurídicas y restaurativas aplicables cuando estos siniestros son provocados por actividades humanas, para que no solo se castigue, sino que también se eduque, se repare el daño y se fomente la responsabilidad social.
En este sentido, puntualizó que la propuesta promueve la reparación del daño, al involucrar directamente a quienes causaron el daño en la restauración de los ecosistemas afectados; generar conciencia y prevención, al incorporar un componente educativo que fomente una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente; y justicia ambiental restaurativa, al trascender el enfoque punitivo tradicional para promover una sanción útil, educativa y orientada a fortalecer la corresponsabilidad social.
Para concluir, aseveró que detrás de cada incendio hay historias reales, y que en municipios como Valle de Bravo, Temascaltepec, Tejupilco, Amatepec, Luvianos y Tlatlaya, cuando comienza la temporada de calor, muchas familias viven con preocupación al despertar con el olor a humo, mirar hacia los cerros y ver columnas de fuego avanzando sobre el territorio.
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