El Congreso local aprobó reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su libre determinación en el marco de la unidad nacional, conforme a las iniciativas de la diputada Leticia Mejía García (PRI), la bancada de MC (coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y las aportaciones de los grupos parlamentarios que conforman la LXII Legislatura mexiquense.
De acuerdo con el dictamen a las iniciativas que reforman la Constitución de la entidad y la armonizan con la reforma constitucional federal de 2024, leído en tribuna por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), los pueblos originarios son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio estatal y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Asimismo, determina que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Para el reconocimiento de estos pueblos y comunidades se deben considerar criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.
Antes de su votación, el legislador Samuel Hernández Cruz (morena) aseveró que, con esta modificación congruente con la transformación a nivel nacional y estatal que pone en el centro de la vida pública este reconocimiento y la dignidad de sus beneficiarios, nunca más habrá un México sin sus pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.
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