Para favorecer el acceso a una vivienda digna de las personas servidoras públicas que desempeñan funciones esenciales, particularmente en los sectores de salud y seguridad pública, la diputada Jennifer Nathalie González López (morena) propuso que se les considere población prioritaria para ejercer este derecho.
La iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda estatal señala que se requiere un tratamiento diferenciado en esta materia para estos sectores, no solo por condiciones sociales, sino por la naturaleza estratégica de las funciones que desempeñan.
El documento define a la población prioritaria como aquellas personas o grupos que, por sus condiciones sociales, económicas o territoriales, o por la naturaleza de las funciones que desempeñan en el servicio público, podrán ser sujetos de atención preferente en el acceso a programas, apoyos o acciones en materia de vivienda.
Considera en este supuesto a las personas servidoras públicas que desempeñan funciones esenciales, especialmente en los sectores antes descritos, conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y disponibilidad presupuestaria, así como a los lineamientos, reglas de operación y disposiciones programáticas que emitan las autoridades competentes.
El proyecto plantea incluir, entre los principios y lineamientos de la Política Estatal de Vivienda, además de prever y establecer mecanismos que permitan garantizar la atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o riesgo, criterios de atención prioritaria para personas o grupos que, por la naturaleza de las funciones que desempeñan en el servicio público, particularmente en los sectores de salud y seguridad pública, puedan ser sujetos de dicha atención.
Lo anterior, de conformidad con instrumentos de planeación, programación y ejecución de la política estatal en esta materia, conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y disponibilidad presupuestaria, y de acuerdo con los lineamientos, reglas de operación y disposiciones programáticas aplicables, sin que ello implique la creación de derechos subjetivos exigibles de manera directa.
En cuanto al Programa Estatal de Vivienda, el documento pretende que se incorporen en su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, así como en la definición de metas, indicadores y mecanismos de evaluación, estos criterios de atención prioritaria, en congruencia con el Sistema Estatal de Planeación Democrática y conforme a los mismos principios descritos en el párrafo anterior.
Respecto a los programas de vivienda social, busca que se incluyan en su operación criterios de atención prioritaria en los mismos términos, incluyendo su aplicación en la determinación de criterios de elegibilidad y priorización de personas beneficiarias, conforme a reglas de operación, lineamientos y disposiciones administrativas aplicables, bajo criterios objetivos, transparentes y verificables, y con base en los mismos principios.
En sesión deliberante, la proponente explicó que la iniciativa parte de una realidad social evidente: miles de personas médicas, enfermeras, paramédicas, policías y elementos de seguridad enfrentan dificultades reales para acceder a este derecho, pese a desempeñar funciones fundamentales para la protección de la vida, la salud y la seguridad social, lo cual, añadió, no solo afecta su calidad de vida, sino también su desempeño, que impacta en la eficiencia de las instituciones.
En este sentido, refirió que se trata de una propuesta alineada con el humanismo mexicano, con la justicia social y con la visión transformadora que impulsa la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como con los principios nacionales del bienestar y del desarrollo social encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El proyecto señala que la legislación estatal carece de criterios de priorización funcional que permitan orientar la política habitacional no solo en función de condiciones socioeconómicas, sino también en atención a la naturaleza estratégica de determinadas funciones públicas.
Por lo tanto, considera necesario fortalecer el marco jurídico mediante la incorporación de criterios de atención prioritaria que, sin generar derechos subjetivos exigibles ni comprometer la sostenibilidad financiera, permitan orientar estas políticas hacia sectores cuya función resulta esencial para el funcionamiento de las instituciones públicas y la prestación de servicios a la población.
Enfatiza que el problema habitacional en México no puede analizarse únicamente como un déficit de construcción, sino como un fenómeno estructural de exclusión residencial, en el que confluyen factores como la insuficiencia de ingresos, la precariedad laboral, las carencias en servicios básicos y las limitaciones en el acceso a mecanismos de financiamiento adecuados.
Explica que esta situación impacta de manera particular a las personas servidoras públicas de los sectores de salud y seguridad pública, quienes, a pesar de desempeñar funciones esenciales para el Estado, enfrentan en muchos casos condiciones caracterizadas por ingresos limitados, alta movilidad territorial, jornadas extensas y dificultades para acceder a esquemas de financiamiento adecuados a su realidad económica.
Por lo tanto, afirma que la adopción de medidas específicas orientadas a sectores estratégicos del servicio público no constituye un privilegio indebido, sino una respuesta proporcional y razonable frente a condiciones objetivas de desventaja material, plenamente acreditadas.
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