El sector de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y la industria restaurantera enfrentan un panorama de incertidumbre y descontento ante las recientes reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Estas modificaciones introducen regulaciones sobre el ambush marketing (mercadotecnia de emboscada), obligando a los establecimientos comerciales a pagar costosas licencias para transmitir los partidos del próximo Mundial, incluso tratándose de eventos de interés nacional.
TARIFAS ELEVADAS Y RIESGO DE MULTAS
De acuerdo con las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso, las tarifas establecidas varían significativamente según las dimensiones del negocio:
Loncherías y pequeños comercios: 4,650 pesos por cada televisor.
Restaurantes pequeños: Cerca de 14,000 pesos.
Establecimientos grandes: 23,250 pesos.
Restaurantes de alta gama o con infraestructura mayor: Desde 43,000 hasta 500,000 pesos, o incluso sumas superiores en casos específicos.
A este esquema se suma la restricción de que los comercios no pueden promocionar de ninguna manera en sus locales que transmitirán los partidos a menos que adquieran el paquete completo. El incumplimiento de estas normas contempla multas que van desde el medio millón de pesos hasta los 29 millones de pesos en casos de violaciones severas de marketing.
Monopolio en la contratación y contradicciones legales
Representantes del sector empresarial han señalado que estas medidas imponen un doble cobro injustificado (anatocismo) y operan bajo un esquema antimonopólico. Actualmente, los comercios solo tienen dos opciones de plataforma para realizar la contratación legal, ambas pertenecientes al mismo grupo televisivo (filiales de Sky e Izzi).
Adicionalmente, se denuncia una contradicción con los lineamientos previos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los cuales protegían el derecho a la libre transmisión de eventos de relevancia nacional, tales como los juegos de la Selección Mexicana o las fases finales del torneo.
Nota de confusión: Empresarios señalaron que las recientes declaraciones del nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) —órgano federal facultado de manera exclusiva para verificar estos derechos— no han brindado claridad, incrementando la confusión sobre los criterios de aplicación de la ley.
LLAMADO A LA CERTIDUMBRE ANTE POSIBLES ABUSOS
El sector comercial hizo hincapié en que ni las autoridades municipales ni las estatales cuentan con las facultades legales para sancionar, multar o clausurar comercios por motivos relacionados con los derechos de transmisión, siendo esta una competencia estrictamente federal del IMPI.
Asimismo, se criticó que la legislación actual no distingue entre los negocios que lucran directamente con el evento (mediante el cobro de cover o accesos especiales) y aquellos que operan de manera regular, brindando la transmisión únicamente de forma complementaria a sus comensales.
EXPECTATIVAS DE DERRAMA ECONÓMICA BAJO LA LUPA
Frente a las proyecciones de las autoridades locales que estiman una derrama de 8,000 millones de pesos en el Estado de México debido al Mundial, empresarios se muestran escépticos respecto a la metodología utilizada. Argumentan que las expectativas de turismo extranjero receptivo en sedes como Toluca son bajas y que el beneficio real dependerá directamente del desempeño y avance de la Selección Nacional en la competencia.
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