Denuncian despojo y situaciones violentas al interior del recinto deportivo; desmienten que alcalde de Metepec posea la mayoría de acciones.
Un grupo de accionistas disidentes del Club Deportivo La Asunción, representados por el abogado Salvador Núñez, se congregaron ante el Juez de Distrito en Materia Mercantil para solicitar una medida precautoria de restitución inmediata a las instalaciones; denuncian violaciones sistemáticas a sus derechos societarios y de asociación.
La disputa legal y administrativa escaló tras la difusión de incidentes violentos en los que presuntamente se involucró al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández y a su cuerpo de seguridad, quienes mantienen el control de la administración del club desde hace aproximadamente dos décadas.
DENUNCIAN COBROS ARBITRARIOS Y DESPOJO DE ACCIONES
De acuerdo con las declaraciones del abogado, el conflicto se originó a partir de un reglamento interno emitido de manera ilegal en el 2011. Dicho estatuto obliga a los socios a pagar cuotas de mantenimiento mensuales —que actualmente rondan los 6,000 pesos—, independientemente de si hacen uso o no de las instalaciones.
La defensa del grupo disidente señaló que el Consejo de Administración ha utilizado estas deudas como mecanismo de presión para obligar a los socios a entregar sus acciones y endosadas de manera arbitraria a familiares directos (hermanos y sobrinos) de quienes administran el club.
Salvador Núñez aclaró que, de las 1,250 acciones totales del club, el grupo administrador no posee ni el 5 por ciento, desmintiendo que Fernando Flores o su familia sean los propietarios mayoritarios.
«Estamos buscando la nulidad del reglamento interno del 2011 y que se anulen todos los endosos que se hicieron de manera arbitraria», afirmó Núñez.
CLIMA DE INTIMIDACIÓN Y TEMOR A REPRESALIAS POLÍTICAS
El detonante mediático más reciente fue el ingreso de sujetos armados con armas largas a las instalaciones del club. Al respecto, el litigante mencionó que, aunque él no ha sido víctima directa, existen testimonios de socios que han sido intimidados y agredidos físicamente por los escoltas de Fernando Flores dentro del complejo deportivo.
Esta situación de violencia, sumada a la presencia de personal armado en las asambleas, ha provocado que la participación de los socios disminuya por temor. Alrededor de 100 accionistas se han sumado activamente a las demandas mercantiles, aunque se espera que el número incremente tras hacerse pública la situación.
Al ser cuestionado sobre un posible tráfico de influencias o favoritismo en los juzgados debido al cargo político que ostenta Fernando Flores, el abogado Núñez reconoció el riesgo, pero confía en que el impacto mediático del caso juegue a favor de la transparencia.
«Acuérdate que esto es política… nosotros no somos políticos, yo solamente soy el abogado del grupo disidente. Pero obviamente, en política los tentáculos son muy obvios. Este error que cometió se hizo viral y la gente ya sabe cómo está la situación», concluyó.
Hasta el momento, el equipo legal ha concentrado sus acciones en la vía mercantil para anular las asambleas y reglamentos irregulares, sin que se hayan interpuesto aún denuncias de carácter penal por las agresiones físicas denunciadas por los socios.
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