Familiares e integrantes de la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, perteneciente al municipio de Nicolás Romero, se manifestaron a las afueras del Poder Judicial para exigir la liberación de Tomás Martínez Mandujano, quien se encuentra recluido desde hace cuatro años acusado del homicidio de un agente de la Policía de Investigación (PDI). Su hijo, Tony Martínez Paiz, denunció que el proceso ha estado plagado de anomalías, tortura y discriminación institucional.
De acuerdo con el testimonio de Martínez Paiz, la detención de su padre ocurrió el 4 de junio de 2022 de manera violenta y sin que mediara una orden de aprehensión previa. Elementos armados en vehículos particulares interceptaron y tirotearon el automóvil en el que viajaba Tomás Martínez, para posteriormente golpearlo y torturarlo con la finalidad de obligarlo a autoincriminarse, acusación que el hoy detenido rechazó firmemente.
PROYECTOS COMUNITARIOS: EL TRASFONDO DEL CONFLICTO
La familia y los habitantes de Llano Grande sostienen que la acusación penal es una represalia política impulsada por «gente del poder». Martínez Mandujano, un hombre dedicado al campo y sin estudios formales, lideraba diversos proyectos de infraestructura comunitaria en una zona regida bajo el sistema de usos y costumbres.
A través de faenas y cooperaciones del pueblo, se lograron construir escuelas, pozos de agua, una iglesia y una casa del adulto mayor. Esta última obra incluía albercas de acceso público y gratuito. Tony Martínez aclaró que, durante la detención de su padre, ciertos medios de comunicación difundieron información falsa, catalogando dicha infraestructura comunitaria como una «mansión con albercas privadas» propiedad del detenido para criminalizar su imagen.
JUEZ NIEGA AMNISTÍA ARGUMENTANDO QUE «NO ACREDITÓ SER INDÍGENA»
A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos emitió un dictamen favorable para otorgar el beneficio de la amnistía tras realizar una investigación exhaustiva en la comunidad, un juez del Penal de Otumba rechazó la solicitud. El argumento judicial para negar el recurso fue que Tomás Martínez «no acreditó ser indígena».
«Nosotros tenemos entendido que la autoadscripción es un derecho y tenemos cómo demostrar nuestra descendencia indígena. El juez no tomó en cuenta las pruebas del expediente y prefirió resolver rápido argumentando eso», manifestó Martínez Paiz.
EN ESPERA DE UNA RESOLUCIÓN EN LA SALA DE ASUNTOS INDÍGENAS
Ante la negativa del juez de control, la defensa promovió un recurso de apelación, el cual fue remitido a la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial.
Al cierre de esta edición, una comisión de la comunidad de Nicolás Romero, acompañada por familiares, mantenía una mesa de trabajo con la magistrada Erika Isela Castillo para revisar las violaciones a los derechos humanos del procesado y determinar el rumbo legal del caso. Los manifestantes advirtieron que no retirarán el dedo del renglón hasta obtener la libertad de Tomás Martínez Mandujano.
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