En la periferia donde colindan el Estado de México y la Ciudad de México, el verde de los árboles no es un capricho de la naturaleza, sino el resultado de una resistencia civil armada de legitimidad comunal. San Pedro Atlapulco, una comunidad que resguarda 7,110 hectáreas de territorio (en su mayoría boscoso), se ha convertido en el epicentro de una guerra silenciosa contra la tala clandestina y la expansión territorial de células delictivas que avanzan desde municipios vecinos como Ocuilan y Jalatlaco.
Ante la ausencia y la ineficacia de los cuerpos de seguridad del Estado, los comuneros han tenido que adoptar un esquema de autodefensa pura: patrullajes comunitarios nocturnos y diurnos, sin remuneración económica y motivados únicamente por el arraigo, la identidad y la defensa de la tierra.
Confusión de Conceptos: La Bandera de la Legalidad
Yadira Maribel Villela Esquivel, presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Atlapulco, enfatiza la urgencia de disipar la narrativa exterior que criminaliza a los habitantes del pueblo. Existe una línea divisoria tajante entre la devastación ambiental y el manejo sustentable de los recursos, un desglose técnico que las comunidades indígenas y agrarias defienden con recelo:
Saneamiento Forestal: Proceso médico-ambiental implementado recientemente para combatir la plaga del gusano descortezador. Consiste en la remoción técnica y desinfección química focalizada exclusivamente en árboles enfermos, bajo la estricta anuencia de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Aprovechamiento Forestal Autónomo: Un programa avalado por el Artículo 2.º Constitucional, estructurado mediante rigurosos estudios de ingeniería y aprobado por la Asamblea General del pueblo. Su meta es el «renuevo» del bosque —retirando árboles viejos, desviados o defectuosos para dar paso a vegetación joven— y los fondos captados se reinvierten en infraestructura pública autogestionada (calles, agua potable, escuelas y equipamiento contra incendios).
Tala Clandestina: Un esquema de saqueo indiscriminado perpetrado por mafias ajenas a la comunidad que ejecutan «cortes parejos», abandonando el follaje seco e inflamable (combustible ideal para incendios forestales) y quedándose únicamente con los troncos gruesos comercializables.
«Nosotros ejecutamos programas forestales autorizados, nos basamos en la formalidad y en la ley… lo otro es tala, es un saqueo, una falta de respeto al bosque», sentencia Villela Esquivel.
EL FRENTE DE BATALLA: ARMAS DE GRUESO CALIBRE Y DESAMPARO INSTITUCIONAL
La escalada de violencia en Atlapulco no es una hipótesis de riesgo, sino una realidad cuantificable. En el último año, la comunidad ha registrado entre ocho y diez enfrentamientos armados de grueso calibre contra los talamontes clandestinos. El saldo de esta guerra civil forestal incluye la captura y posterior quema de trece camionetas de carga utilizadas por los delincuentes, tres de las cuales fueron incineradas recientemente en una protesta sobre la autopista federal para exigir atención gubernamental.
Hasta el último censo interno, la afectación criminal sumaba más de 100 hectáreas devastadas y un despojo estimado de entre 7,000 y 8,000 metros cúbicos de madera. Para contener el avance de los vehículos pesados de los delincuentes, los comuneros cavaron con sus propias manos una zanja perimetral de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho a lo largo de casi 4 kilómetros de frontera boscosa. Sin embargo, los grupos delictivos han comenzado a vulnerar zonas más profundas e inaccesibles, como el paraje conocido como «La R».
El Bosque como «Terreno Fértil» para el Crimen Organizado
El abandono institucional ha convertido los densos montes de la zona centro en un territorio propicio no solo para el ecocidio, sino para delitos de alto impacto. La falta de patrullajes permanentes por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ha propiciado que células delictivas utilicen la opacidad del bosque como zona de desecho de cadáveres o refugio para actividades criminales complejas.
A pesar de las amenazas de muerte recibidas por los líderes agrarios y los integrantes de las cuatro brigadas comunitarias, la organización comunal se mantiene inquebrantable. Las decisiones en Atlapulco no responden a liderazgos individuales ni a asesorías externas opacas; es la Asamblea General —el órgano tradicional de gobernanza— la que dicta los roles de vigilancia colectiva, las sanciones y las estrategias de defensa.
Un Ultimátum a las Autoridades
Tras las recientes movilizaciones que paralizaron vías de comunicación, el Gobierno Federal y Estatal instaló mesas de trabajo con los comuneros de Atlapulco. Los acuerdos iniciales contemplan destrabar los procesos legales y jurídicos de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para posteriormente trazar un plan de acompañamiento táctico-militar en los bosques.
Los pobladores de San Pedro Atlapulco han dejado claro que no aceptarán un destacamento militar estático que actúe de forma aislada mientras ellos arriesgan la vida en las brechas. Exigen una coordinación bilateral activa. De no cumplirse los acuerdos de protección y patrullaje conjunto en las próximas semanas, la autodefensa verde de Atlapulco volverá a bajar de los montes para hacerse escuchar en las principales vialidades del país. El bosque que abastece de oxígeno y servicios ecológicos a la megalópolis del Valle de México sigue bajo fuego, y sus guardianes no están dispuestos a ver el fin de sus días en el olvido.
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