Con el propósito de garantizar el acceso de las mujeres en proceso de reinserción social a programas de desarrollo social, capacitación para el trabajo, empleo, atención psicoemocional y fortalecimiento comunitario, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) propuso reconocerlas como un grupo de atención prioritaria, incluyendo tanto a quienes se encuentran en proceso de reinserción como a aquellas que, tras haber sido privadas de la libertad, ya recuperaron su libertad.
Al presentar la iniciativa en sesión de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense, el legislador Vladimir Hernández Villegas (morena) expuso que las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal y los ayuntamientos podrán adecuar sus programas y acciones de desarrollo social para atender a ese sector, sin que ello implique la creación de nuevas obligaciones presupuestales.
El documento, que plantea reformas a la Ley de Bienestar y Desarrollo Social de la entidad, menciona que las mujeres que han sido privadas de la libertad enfrentan, tras recuperar su libertad, una crisis silenciosa de exclusión social. A las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que muchas de ellas ya padecían se suma una doble estigmatización: por su condición de género y por sus antecedentes penitenciarios, lo que dificulta de manera significativa su reintegración al entorno familiar, comunitario y laboral.
Asimismo, cita que diversos diagnósticos institucionales coinciden en que enfrentan barreras estructurales como discriminación laboral, ausencia de redes de apoyo, falta de atención psicoemocional y carencia de programas sostenidos de capacitación y acompañamiento; además, muchas han vivido contextos de violencia, abandono, pobreza extrema y abuso, además de condiciones adversas durante su reclusión, lo que profundiza las dificultades para su readaptación a la vida en libertad.
“Para ello, resulta indispensable que el marco jurídico estatal identifique de manera expresa aquellos sectores de la población que requieren una atención diferenciada por parte de las autoridades estatales y municipales. Esta reforma no genera cargas presupuestales adicionales y contribuye a fortalecer la cuestión social, la prevención de la reincidencia y la construcción de condiciones reales de integración comunitaria en el Estado de México”, concluyó el parlamentario.
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