La bancada del PVEM propuso fortalecer el procedimiento para garantizar que los municipios y los organismos operadores de agua cumplan con la obligación de destinar el equivalente al 3.5 por ciento de los ingresos recaudados por el suministro de agua potable al fideicomiso estatal para el pago por servicios ambientales hidrológicos, ya que actualmente sólo 87 de los 125 municipios cumplen con este deber.
De acuerdo con cifras de la Protectora de Bosques del Estado de México, durante el periodo de marzo a mayo de 2026, los 38 municipios restantes incumplieron con dicha aportación, situación que, según la bancada coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, hace necesario fortalecer los mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta obligación.
El proyecto legislativo, presentado por el diputado Isaías Peláez Soria durante una sesión de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense, propone precisar que, una vez vencido el plazo de 10 días hábiles para atender la notificación o cuando se acumulen dos bimestres de adeudo sin que se realice el pago correspondiente, la Secretaría de Finanzas del Estado de México deberá retener, de manera inmediata, el monto correspondiente de las participaciones estatales que deban ministrarse al municipio.
La reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios también establece que los municipios y los organismos operadores de agua potable que mantengan adeudos al entrar en vigor el decreto deberán regularizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, dispone que la Secretaría de Finanzas iniciará de inmediato los procedimientos de retención de participaciones estatales en contra de los municipios y organismos públicos descentralizados municipales que, al momento de la entrada en vigor del decreto, continúen en incumplimiento.
La propuesta indica que los recursos recaudados por este concepto se destinan al Programa para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.
A través de dicho programa se otorgan estímulos económicos y asesoría técnica forestal a los núcleos agrarios, personas físicas, personas jurídico-colectivas y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales que realizan acciones de conservación, protección y fomento forestal, contribuyendo a la permanencia e incremento de la cobertura forestal y a la infiltración y captación del agua.
Desde su creación, expone la iniciativa, este programa tiene por objeto dar apoyos económicos compensatorios a las personas usufructuarias, propietarias o representantes legales de terrenos forestales que contribuyen a la generación y conservación de los servicios ambientales hidrológicos.
Actualmente, detalla el documento, otorga 3 mil 500 pesos por hectárea forestal a las personas propietarias, poseedoras y representantes de terrenos forestales que realizan acciones de conservación, protección y fomento de los ecosistemas forestales. No obstante, el cumplimiento de las aportaciones que financian este programa dista de ser generalizado.
Refiere que, de acuerdo con información de la Protectora de Bosques del Estado de México, correspondiente al periodo de marzo a mayo de 2026, de los 125 municipios, 15 no realizan aportaciones al fideicomiso y otros 23 dejaron de contribuir, mientras que únicamente 87 mantienen el cumplimiento de esta obligación.
Por otra parte, la propuesta señala que, pese a los esfuerzos institucionales para preservar los ecosistemas forestales, la deforestación continúa como uno de los principales desafíos ambientales del país. De acuerdo con el documento, entre 2001 y 2023 México perdió 4.77 millones de hectáreas de cobertura forestal, con un promedio anual de deforestación bruta de 207 mil 665 hectáreas, una superficie superior a la extensión territorial de países como Bélgica o equivalente al doble del territorio de El Salvador.
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