Antes de convertirse en una de las voces más influyentes del pensamiento social y jurídico mexicano, Andrés Molina Enríquez tuvo que recorrer el mismo camino que miles de profesionistas han transitado para acreditar su formación. Ese episodio constituye una valiosa ventana al pasado gracias a un expediente que se conserva en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México.
Se trata de la solicitud que presentó para sustentar su examen profesional como abogado, un documento fechado en 1901 que forma parte del patrimonio documental de la institución y que permite acercarse a un momento clave en la vida de quien más tarde dejaría huella en la historia nacional.
Nacido en Jilotepec el 30 de noviembre de 1868, hijo del notario Anastacio Molina y de Francisca Enríquez de la Cabrera, Molina Enríquez destacó como antropólogo, historiador, jurista, politólogo y sociólogo. Su pensamiento lo convirtió en uno de los principales impulsores del agrarismo, además de ser reconocido como precursor de la Revolución Mexicana y autor de relevantes análisis sobre la realidad del país.
Entre los episodios más significativos de su trayectoria figura la proclamación del Plan de Texcoco, el 25 de agosto de 1911, mediante el cual manifestó su oposición al latifundio y respaldó la distribución de la tierra. A raíz de ese movimiento fue detenido y permaneció dos años en prisión. Tiempo después, en 1915, el presidente Venustiano Carranza lo convocó para formar parte de la Comisión Nacional Agraria, espacio desde el que impulsó el proyecto que daría origen al Artículo 27 constitucional, base jurídica del ejido y de la propiedad social de la tierra.
Fue estudiante y posteriormente profesor del Instituto Científico y Literario. En 1885 viajó a la Ciudad de México para cursar la carrera de escribano público en la Universidad Nacional. Tras obtener ese grado decidió continuar con los estudios de Derecho; sin embargo, la repentina muerte de su padre lo obligó a interrumpirlos y regresar a Jilotepec para hacerse cargo de la Notaría.
Años después retomó ese propósito. Tras cumplir con los requisitos establecidos, el 13 de agosto de 1901 presentó formalmente la petición para ser examinado como abogado, trámite que quedó registrado en el expediente que actualmente resguarda el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México.
Según la Revista de Investigaciones Jurídicas, desde la Independencia la evaluación escrita requerida para obtener el grado de abogado quedó bajo la responsabilidad de los tribunales locales, práctica que se mantuvo durante largo tiempo.
En territorio mexiquense, hacia el final de ese periodo, las evaluaciones pasaron de una a tres. No obstante, únicamente existe evidencia documental de la que se realizaba ante el tribunal. Las otras dos eran orales y se desarrollaban frente a sinodales designados para ese fin. De esas deliberaciones no quedaba constancia detallada; únicamente se elaboraba un acta que acreditaba el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Reglamento Interno del Instituto Científico y Literario y registraba la votación obtenida por quien aspiraba al título.
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