Entre 12 mil y 13 mil PPL pueden llevar su proceso en libertad. Los centros penitenciarios operan bajo dinámicas de criminalidad y desvíos millonarios.
Detrás de los muros de los centros penitenciarios del Estado de México se gesta una crisis estructural profunda que trasciende el hacinamiento físico: el colapso del sistema adversarial en su etapa de ejecución y el uso abusivo de la prisión preventiva.
Durante una evaluación jurídica sobre la realidad carcelaria de la entidad, el activista y defensor social José Humbertus Pérez Espinoza advirtió que el sistema de justicia penal en México enfrenta contradicciones operativas severas que mantienen tras las rejas a miles de personas que, conforme a derecho, ya deberían estar libres.
De un universo aproximado de 30 mil personas privadas de la libertad en el territorio mexiquense, las cifras revelan un panorama alarmante: el 40% de los internos ya cumplió su sentencia o califica para beneficios preliberacionales, lo que se traduce en un estimado de hasta 13,000 ciudadanos retenidos indebidamente.
A este sector se suma un 20% adicional que permanece bajo la figura de prisión preventiva oficiosa —ahora denominada condicionada— por delitos de índole patrimonial, como el robo en sus distintas modalidades, cuando la ley estipula que deberían llevar sus procesos en libertad.
El líder de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos y del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., considera que el problema central radica en que la prisión preventiva ha dejado de ser una excepción procesal para convertirse en una regla punitiva generalizada. Mientras que a los procesados por delitos menores se les impone de manera invariable la reclusión, en diversos casos de alto impacto social o corrupción institucional se otorgan medidas cautelares laxas, como firmas periódicas, fianzas o garantías económicas.
Asimismo, detalló que la infraestructura penitenciaria del estado -ejemplificada históricamente por penales como Chiconautla, Neza, Barrientos, entre otros-, fue concebida bajo esquemas de castigo y control autoritario. Esto obstaculiza de forma radical los procesos de reinserción social, transformando las cárceles en espacios donde los directores y operadores del sistema de ejecución penal carecen de certificaciones idóneas y controles de confianza rigurosos.
UN LLAMADO URGENTE A LA TRANSPARENCIA Y AL PODER JUDICIAL
Ante este escenario, organizaciones civiles e integrantes de colectivos sociales hicieron un enérgico llamado al Poder Judicial del Estado de México y a la Fiscalía General de Justicia para transparentar el estatus real de la población penitenciaria.
La exigencia central de los defensores es clara: agilizar de forma inmediata la revisión de medidas cautelares, depurar las carpetas de investigación rezagadas y garantizar que el sistema de justicia adversarial recupere sus principios constitucionales de presunción de inocencia, salvaguardando los derechos humanos y la dignidad de miles de familias afectadas por la ineficiencia institucional.
Descubre más desde Comunicadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
