Acusan imposición de perfiles sin experiencia provenientes de fiscalías y esquemas de nepotismo.
A poco menos de un año de los cambios institucionales derivados del nuevo Poder Judicial, la crisis al interior del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha alcanzado niveles críticos. En entrevista exclusiva, la licenciada en criminalística Angélica Rosalaz Aguilar, con más de cinco años de antigüedad en el organismo, expuso una red de abusos laborales, despidos arbitrarios y una preocupante simulación en la atención de casos prioritarios que operaba la unidad de litigio estratégico en derechos humanos a nivel nacional.
LA PURGA Y EL FALSO ARGUMENTO DE «PÉRDIDA DE CONFIANZA»
Rosalaz Aguilar detalló que, tras cumplirse el periodo de prueba de 90 días de la nueva administración —encabezada por Benjamín Rubio Chávez y la ex fiscal de la FGR, Shaira Erandi Pérez Polín—, se instrumentó una serie de despidos masivos dirigidos contra peritos y defensores especialistas que atendían litigios desde Tijuana hasta Cancún.
Bajo la figura discrecional de «pérdida de confianza», la autoridad removió de forma violenta a personal operativo especializado. A los afectados se les exigió firmar renuncias voluntarias bajo amenazas administrativas y argumentos infundados sobre presuntas alteraciones de documentos, las cuales, según demuestran los registros oficiales y correos electrónicos de seguimiento, contaban con el aval y los oficios de la propia titularidad.
«Nos sacaron como si fuéramos lo peor, nos quitaron computadoras y todo, cuando ellos ni siquiera eran los encargados de recibir los equipos […] es una señal del desconocimiento total del instituto», denunció la especialista.
REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SIMULACIÓN ESTADÍSTICA
La salida abrupta de defensores y peritos especializados no solo vulnera los derechos laborales de los trabajadores —quienes además enfrentan la retención de indemnizaciones constitucionales, viáticos y prestaciones—, sino que colapsa la representación jurídica de sectores vulnerables.
La entrevistada advirtió que la nueva gestión ha priorizado una «cultura de números» heredada de las fiscalías, desestimando la complejidad de los casos de tortura y feminicidios que el equipo venía litigando con rigor técnico y estricto apego a los derechos humanos. Con la llegada de perfiles improvisados y personal jubilado recontratado bajo esquemas irregulares, se corre el riesgo de revictimizar a sobrevivientes y desechar líneas de investigación consolidadas.
SILENCIO INSTITUCIONAL Y TEMOR A REPRESALIAS
Pese a que las y los afectados han buscado el acercamiento con las instancias superiores del Poder Judicial, las demandas de diálogo con la presidencia del órgano y directivos como Néstor Vargas (OAG) han sido ignoradas. Asimismo, el temor a represalias y a la pérdida total de fuentes de empleo ha frenado una respuesta gremial unificada frente a prácticas que vulneran la estabilidad laboral y los principios fundamentales de la justicia federal.
AFECTACIONES GRAVES AL SERVICIO Y REVICTIMIZACIÓN EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA
Abandono de casos prioritarios: Asuntos en los que ya se había determinado la intervención del Área de Ciencias Forenses fueron abandonados por el nuevo personal tras el despido de los especialistas, revictimizando a víctimas de feminicidio y tortura.
Obsesión por la estadística: El nuevo personal está enfocado en generar números y estadísticas, más que en realizar un trabajo de calidad que realmente ayude a las personas usuarias.
Pérdida de calidad humana: La realización de entrevistas psicológicas a distancia elimina la calidad humana y el acompañamiento, impidiendo la contención adecuada de las víctimas.
Fragmentación del trabajo: Se ha sustituido el trabajo integral que se venía realizando por un trabajo individual y fragmentado, lo que obliga a la víctima a rendir múltiples entrevistas y revivir su trauma en cada una, resultando sumamente revictimizante.
Ausencia de perspectiva interseccional: Al no aplicar una perspectiva interseccional —de género, infancias, discapacidad, entre otras—, se invisibiliza la violencia estructural a la que han sido sometidas las víctimas.
Vulneración de la defensa adecuada: Al elaborar dictámenes periciales sin calidad en su contenido, se vulnera el derecho de réplica y se afecta el derecho a una defensa adecuada de las personas en conflicto con la ley.
INCIDENCIAS OPERATIVAS Y TÉCNICAS EN LA UNIDAD
Omisión de evaluaciones previas: No hay seguimiento respecto a los asuntos que ya habían sido evaluados pero cuyo dictamen estaba pendiente, determinando en automático volver a evaluar sin contemplar el trabajo previo del perito despedido.
Perfiles sesgados y falta de especialización: Al elegir perfiles no especializados centrados en la lealtad y obediencia hacia la nueva administración y no en la capacidad técnica comprobada, el riesgo de conclusiones sesgadas es alto. Esto afecta directamente la visibilización de los daños sufridos por una víctima de violencia, cayendo en criterios erróneos como cuestionar «¿por qué la mujer víctima de feminicidio no se fue a tiempo?», omitiendo los mecanismos del agresor, o asumiendo la responsabilidad en delitos de personas víctimas de tortura para minimizar los daños.
Inestabilidad y rotación constante: Se registran frecuentes renuncias del personal, incluso de personas recientemente contratadas por la nueva administración, quienes permanecen días, semanas o pocos meses y luego abandonan sus cargos por los malos manejos, dejando los casos sin atender durante períodos más prolongados.
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