Indemnizaciones por rescisión laboral supera los 7 millones de pesos en seis meses.
A poco menos de un año de la llegada de mandos externos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la corporación enfrenta una profunda crisis marcada por despidos masivos injustificados, imposición de perfiles sin los requisitos de ley y un incremento en la simulación operativa.
En entrevista exclusiva, Iván Chávez, Presidente de la organización Ciudadanos Uniformados A.C., expuso las graves irregularidades y el impacto de estas acciones en la seguridad de la entidad.
LA «PURGA» Y EL USO ILEGAL DE LA RESCISIÓN LABORAL
Chávez Espejel denunció que, tras la llegada de un mando procedente de Sinaloa y la conformación de su equipo de trabajo, se implementó una interpretación errónea y severa de la ley para depurar a la corporación.
Bajo el pretexto de carecer de elementos del Certificado Único Policial (CUP) o de evaluaciones de confianza, la Secretaría de Seguridad despidió de forma masiva a cerca de 600 elementos operativos que portaban uniforme, arma y patrulla.
A los policías de carrera se les aplicó la figura jurídica de la «rescisión laboral» —un recurso exclusivo para personal administrativo de confianza y no para policías operativos— mediante oficios emitidos de manera discrecional que ni siquiera explicaban los motivos de la baja.
«Afortunadamente algunos se alcanzaron a ampararse con nosotros, algunos buscaron la asesoría jurídica pública […] y se ordenó el pago de su indemnización porque reinstalación ya no hay», señaló Chávez.
IMPACTO FINANCIERO AL ERARIO
Los juicios y recursos ganados han comenzado a generar sentencias favorables que obligan al pago de indemnizaciones millonarias que suman cerca de 7 millones de pesos tan solo en el periodo de noviembre de 2025 a abril de 2026. Este costo terminarán absorbiéndolo los contribuyentes mexiquenses y no los funcionarios responsables de la incompetencia jurídica.
Mientras se despide injustificadamente a elementos capacitados, la corporación padece un déficit severo, operando con apenas una séptima parte de los policías que realmente necesita el estado.
ILEGALIDADES EN LA NÓMINA
Ante esta falta de elementos, la administración ha incurrido en presuntas irregularidades al contratar a «policías administrativos» —personas armadas y uniformadas que no cursaron la academia ni aprobaron exámenes de control y confianza— mediante designaciones directas, por asignación o a cambio de pagos de hasta 50,000 pesos por plaza para ocupar puestos de suboficial hacia arriba con altos salarios.
De acuerdo con la legislación local y federal, estas prácticas constituyen delitos de contratación ilegal y usurpación de funciones, los cuales han sido denunciados sin éxito ante una Fiscalía estatal señalada de proteger a los mandos en turno.
SIMULACIÓN, SIEMBRA DE DELITOS Y COLUSIÓN INSTITUCIONAL
Para el abogado presidente de Ciudadanos Uniformados A.C., el problema de seguridad en el Estado de México y en gran parte del país se ha convertido en una «simulación radical».
Denunció que el incremento en la siembra de carpetas de investigación falsas y delitos fabricados opera con total impunidad, con un promedio de siete casos diarios detectados en los ministerios públicos.
Finalmente, advirtió sobre el alto riesgo en el que se encuentran los activistas, periodistas y defensores sociales debido a la colusión de las instituciones de procuración de justicia y las contralorías, lo que deja a la ciudadanía en un estado de absoluta indefensión frente a un modelo de seguridad simulado y fallido.
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