El informe “La violencia obstétrica en tres dimensiones: datos, voces y prácticas” revela que 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 reportó alguna forma de violencia obstétrica.
La violencia obstétrica continúa siendo una problemática estructural en México y afecta con mayor intensidad a mujeres y personas gestantes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con el informe “La violencia obstétrica en tres dimensiones: datos, voces y prácticas”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Uehiro Oxford Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El documento reúne tres fuentes de evidencia: datos estadísticos, el análisis cualitativo de 64 casos de violencia obstétrica y 12 de muerte materna acompañados jurídicamente por GIRE, así como las experiencias de 39 profesionales de la salud que participaron en un taller de diálogo realizado en 2025.
El reporte define la violencia obstétrica como una forma de violencia de género que ocurre durante la atención del embarazo, parto y posparto. Entre sus manifestaciones se encuentran los tratos ofensivos, procedimientos realizados sin consentimiento, negligencia médica y presión para adoptar métodos anticonceptivos o someterse a una esterilización no deseada.
Una de cada tres mujeres reportó violencia obstétrica
Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 muestran que 31.4 por ciento de las mujeres que tuvieron partos entre 2016 y 2021 experimentó alguna forma de violencia obstétrica, es decir, prácticamente una de cada tres.
La cifra representa una reducción mínima frente al 33.4 por ciento registrado para el periodo de 2011 a 2016, lo que, de acuerdo con el informe, evidencia la persistencia del fenómeno.
La incidencia también presenta diferencias importantes según las condiciones de las mujeres. Entre quienes fueron atendidas en el IMSS se registró 39.8 por ciento, mientras que en el sector privado fue de 15.1 por ciento.
Por nivel de ingresos, la incidencia rondó 35 por ciento entre las mujeres pertenecientes a los deciles más bajos, frente a 18.4 por ciento en el decil de mayores ingresos.
La discapacidad representa otra brecha significativa: 43.9 por ciento de las mujeres con discapacidad experimentó violencia obstétrica en su último parto, frente a 30.4 por ciento de aquellas sin discapacidad ni limitaciones.
La vulnerabilidad aumenta cuando se combinan factores
El informe señala que las condiciones de vulnerabilidad pueden acumularse y aumentar los obstáculos para recibir atención adecuada. Entre las adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, la incidencia alcanzó 55.4 por ciento. En contraste, entre las mujeres de 40 a 49 años sin discapacidad fue de 22.3 por ciento.
El análisis de los casos acompañados por GIRE también identificó mayores dificultades entre mujeres con escolaridad básica, pertenecientes a pueblos indígenas o con condiciones de salud preexistentes.
De los 10 casos correspondientes a mujeres indígenas, el 100 por ciento presentó una respuesta clínica tardía y 88 por ciento requirió traslado debido a falta de infraestructura en la unidad de atención primaria.
El documento también identifica dificultades posteriores a los hechos, como pérdida de expedientes, negativa para entregar información clínica y prácticas institucionales que desplazan la responsabilidad hacia factores externos o errores individuales.
Muerte materna y fallas institucionales
Los 12 casos de muerte materna analizados muestran la gravedad que pueden alcanzar las fallas acumuladas en la atención. En 75 por ciento de estos casos se identificó infraestructura insuficiente; en 67 por ciento, una valoración inadecuada del riesgo; en 58 por ciento, una respuesta clínica tardía, y en 42 por ciento, un desplazamiento institucional de la culpa.
El informe advierte que estos factores pueden presentarse simultáneamente y generar cadenas de omisiones que afectan la seguridad y la atención de las mujeres durante el embarazo y el parto.
También preocupa el aumento de cesáreas
Otro de los datos destacados corresponde al incremento de los nacimientos por cesárea. El porcentaje pasó de 42.8 por ciento en los partos ocurridos entre 2011 y 2016 a 47.4 por ciento entre 2016 y 2021. En 2021 alcanzó 49.1 por ciento, de acuerdo con el análisis presentado en el informe.
El documento también señala un aumento en las prácticas relacionadas con la presión para adoptar métodos anticonceptivos o someterse a una esterilización: entre 2016 y 2021 la proporción pasó de 27.7 a 31.5 por ciento.
¿Qué dice el personal de salud?
Durante un taller realizado en junio de 2025 participaron 39 profesionales de la salud, entre ginecobstetras, enfermeras obstétricas y parteras profesionales, enfermeras perinatales y personas tomadoras de decisiones del sector salud.
Las y los participantes coincidieron en que la violencia obstétrica se encuentra relacionada tanto con la violencia de género como con la violencia institucional y señalaron factores como la sobrecarga laboral, agotamiento, falta de insumos e infraestructura, formación deficiente en derechos y perspectiva de género, así como ausencia de capacitación para identificar y prevenir estas prácticas.
También plantearon que reducir el problema a la responsabilidad individual puede generar prácticas defensivas entre el personal médico y dejar de lado las condiciones estructurales en las que se brinda la atención.
Las propuestas: transformar el sistema
Ante este panorama, el informe plantea que la respuesta no debe centrarse exclusivamente en la penalización de conductas individuales, sino en modificar las condiciones que permiten que la violencia obstétrica se reproduzca.
Entre las recomendaciones se encuentran incorporar de manera obligatoria en la formación de medicina, enfermería y partería contenidos sobre parto humanizado y respetado, violencia de género, derechos reproductivos, bioética y derechos humanos.
También propone mejorar las condiciones laborales, garantizar personal e insumos suficientes, fortalecer la infraestructura, homologar protocolos nacionales de atención obstétrica y establecer mecanismos de evaluación que consideren la calidad de los servicios y la experiencia de las personas usuarias, además de los indicadores de productividad.
Para las mujeres indígenas, plantea garantizar intérpretes, personal con competencia intercultural y la participación de parteras interculturales; mientras que para las mujeres con discapacidad recomienda adaptar los procesos de consentimiento informado y comunicación a sus necesidades.
Datos clave del informe
- 31.4% de las mujeres que tuvieron partos entre 2016 y 2021 reportó alguna forma de violencia obstétrica.
- 43.9% de las mujeres con discapacidad experimentó violencia obstétrica, frente a 30.4% de las mujeres sin discapacidad ni limitaciones.
- 55.4% de las adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad registró violencia obstétrica.
- 39.8% fue la incidencia registrada entre usuarias del IMSS.
- 15.1% correspondió al sector privado.
- 49.1% de los partos fueron por cesárea en 2021, según el análisis citado por el informe.
- 64 casos de violencia obstétrica y 12 casos de muerte materna fueron analizados cualitativamente.
- 39 profesionales de la salud participaron en el taller interdisciplinario realizado en 2025.
- 29 entidades federativas han incorporado la violencia obstétrica en sus marcos normativos.
El informe concluye que reconocer jurídicamente la violencia obstétrica es importante, pero insuficiente para erradicarla. Sus autores plantean que las políticas públicas deben atender las condiciones estructurales del sistema de salud, garantizar una atención humanizada y respetuosa, fortalecer el acceso a la información y la justicia, y prevenir que las desigualdades sociales se traduzcan en una atención obstétrica de menor calidad.
Documento de consulta: “La violencia obstétrica en tres dimensiones: datos, voces y prácticas”, elaborado por GIRE, Uehiro Oxford Institute y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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