El operador israelí tras la compra del Black Hawk de 170 mdp
Un expediente forense de la ASF devela que la Secretaría de Seguridad mexiquense adquirió un helicóptero usado de los años ochenta maquillado como «nuevo».
Por Andrés Goya
Cuando la autoridad encargada de pacificar un estado en crisis decide maquillar los datos, la seguridad pública se convierte en una simulación. Presentar un helicóptero militar usado y remanufacturado de los años ochenta como una aeronave «nueva de última generación» no es un error de comunicación, es un quiebre de la confianza institucional operado desde la cabeza de la dependencia por el secretario de Seguridad mexiquense, Cristóbal Castañeda Camarillo.
El fraude financiero queda al descubierto al revisar el mercado internacional: un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk recién salido de fábrica cuesta entre 15 y 20 millones de dólares (más de 300 millones de pesos); al haber pagado únicamente 170 millones de pesos (unos 8.5 millones de dólares), la secretaría mexiquense adquirió un precio de remate que corresponde a unidades de desecho militar reconstruidas (refurbished).
Pese a esta insalvable incongruencia económica, el pasado 22 de junio de 2026 el Gobierno del Estado de México entregó la unidad matrícula XC-PEM a la Fuerza Especial de Seguridad bajo la narrativa de un estreno absoluto. Nada más alejado de la realidad.
Esta flagrante devaluación material activó de inmediato las alarmas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cuatro días antes de la presentación de la aeronave en Toluca, la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense abrió el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026.
A través del oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026, la ASF obligó a Castañeda Camarillo a entregar copias certificadas de 19 puntos críticos, incluyendo estudios de factibilidad, actas del Comité de Adquisiciones, contratos del hangar y estudios de mercado; con ello la ASF busca determinar si el contrato se confeccionó a la medida para disimular el estado real del aparato.
UN OPERADOR EN LAS SOMBRAS
Las irregularidades en los papeles adquieren otra dimensión al destapar quién operó la transacción en las sombras; una fuente de alto nivel dentro de la propia SSEM confirmó que el intermediario de la compra fue Samuel Avishai Neriah, reconocido en los pasillos políticos como un “broker” o intermediario corporativo de la industria militar y cibernética de Israel.
El nombre de este ciudadano israelí es clave en la historia del espionaje en México al ser señalado por coordinar sobornos de 25 millones de dólares para la venta del software Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su irrupción en el Estado de México revela un patrón conocido: aprovechar la opacidad de la adjudicación directa por «seguridad pública» para mover contratos de alto impacto financiero; la vigencia de su red de contactos quedó expuesta apenas este fin de semana, al reaparecer fotografiado junto al expresidente Enrique Peña Nieto en una exclusiva boda celebrada en Portofino, Italia.
El portafolio de negocios que Neriah en México no se limita a las plataformas de hackeo telefónico; documentos de un arbitraje judicial secreto en Israel, revelados por el diario financiero The Marker, destaparon un esquema donde Neriah y su socio Uri Ansbacher literalmente «se repartieron el territorio mexicano» y sus secretarías de Estado para evitar competir entre sí.
A través de consorcios y firmas fachada, el entramado de Neriah acaparó contratos multimillonarios que abarcaron desde proyectos de alta tecnología para la seguridad en penales federales de máxima seguridad, hasta la venta de drones tácticos de reconocimiento perimetral y equipamiento para policías locales. El común denominador de su éxito corporativo fue siempre el mismo: el acceso directo a las cúpulas del poder a cambio de millonarias comisiones institucionales.
El regreso de este operador a los presupuestos públicos del Estado de México choca de frente contra el dogma político de la llamada Cuarta Transformación. Mientras el discurso oficial repite insistentemente desde el púlpito nacional que «no son iguales» y reniega de los vicios del pasado, en el principal bastión electoral de Morena la realidad contradice la propaganda.
El aparato de seguridad mexiquense terminó aliado y asesorado por un personaje que representa uno de los episodios más oscuros y corruptos de la historia reciente de México: el espionaje ilegal y los negocios al amparo del poder. La contradicción es total; la misma red que operó bajo el manto del peñanietismo encontró cobijo en la estructura policial de la cuatroté.
El escándalo tropieza también con el historial de su contraparte: Castañeda Camarillo comandó las policías de Sinaloa durante casi cinco años, un periodo marcado por las violentas jornadas de los «Culiacanazos» de 2019 y 2023. Su llegada al Estado de México se vendió como la solución de «mano dura» que requería una estructura al límite, pero hasta ahora los buenos resultados no han llegado.
Hoy la legitimidad basada en la disciplina militar se desgasta; en una institución que somete a los policías rasos a rigurosas pruebas de polígrafo y control de confianza, resulta una anomalía que la cabeza del sistema valide transacciones promovidas por personajes bajo sospecha internacional y presuma la compra de un helicóptero nuevo de última generación que en realidad es una aeronave de desecho.
ASF DARÁ CONCLUSIONES EN PRÓXIMOS MESES
La auditoría forense de la ASF determinará en los próximos meses si las irregularidades contractuales del Black Hawk derivan en sanciones administrativas o en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por daño patrimonial; en tanto el expediente se integra, la crisis aérea de la dependencia deja al descubierto dos caras de una misma moneda dentro del gabinete mexiquense.
Mientras el secretario de Seguridad incurre en la simulación, siembra sospechas de corrupción y se alía con los empresarios del pasado con los que el régimen federal no quiere verse inmiscuido, la gobernadora Delfina Gómez apuesta por la verdad y la congruencia como un ejercicio de lealtad directa con la Presidenta de la República.
En el bastión electoral más importante del país, la búsqueda por generar confianza ciudadana tropieza de frente con la opacidad de sus propias fuerzas policiales.
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