Amnistía Internacional México y colectivos de familias plantean a la ONU establecer un procedimiento para atender la crisis de desapariciones en México y dar seguimiento a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de personas desaparecidas, personas expertas, académicas y activistas presentaron una propuesta para abordar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) la situación de las desapariciones en México, a partir de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La propuesta, fechada el 30 de agosto de 2026, señala que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó el artículo 34 el 19 de marzo de 2026, al considerar que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y continúan perpetrándose en México de manera generalizada o sistemática y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con el documento, en México hay más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense, situación que representa una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y la sociedad.
Las organizaciones también señalan que las políticas de prevención de las desapariciones han sido insuficientes e ineficaces y que estos casos han aumentado en 28 de las 32 entidades federativas.
El documento refiere que las desapariciones son cometidas por particulares o grupos criminales, autoridades estatales, así como por grupos criminales con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado.
Asimismo, sostiene que existe 99 por ciento de impunidad en los casos de desaparición y que no existen mecanismos efectivos para investigarlos, además de señalar deficiencias en las fiscalías para indagar posibles vínculos entre servidores públicos y perpetradores.
Ante este panorama, el CED elevó el caso al Secretario General de las Naciones Unidas y solicitó que fuera considerado por la Asamblea General, con propuestas orientadas a brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada a México en materia de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones.
También planteó establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que las acompañan.
Las organizaciones que suscriben la propuesta consideran que el procedimiento representa una oportunidad para que México reciba apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional, ante una problemática que, señalan, rebasa las capacidades del Estado.
Por ello, plantean que el proceso no sea entendido como un juicio o un ataque contra el Gobierno de México, sino como una vía para promover un diálogo sobre las formas más efectivas de enfrentar la proliferación de desapariciones.
Entre sus propuestas se encuentra que uno o varios Estados adopten y promuevan el asunto ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, inicialmente mediante mociones para acordar un procedimiento para la aplicación del artículo 34 de la Convención.
También sugieren que una comisión o una persona experta independiente sea designada para elaborar una propuesta de seguimiento, mediante consultas con los Estados miembros de la Convención, incluido México, especialistas del Comité contra las Desapariciones Forzadas y colectivos de víctimas y organizaciones civiles.
El documento plantea que la Tercera Comisión adopte dicha propuesta y asigne los recursos necesarios para su implementación, además de establecer mecanismos concretos que permitan la participación, supervisión y evaluación del proceso.
Las organizaciones señalan que el caso actualmente está enlistado en el punto 71, relativo a la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y prevén que pueda ser analizado durante octubre y noviembre de 2026.
Como parte de sus acciones de incidencia, colectivos y organizaciones preparan reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York, encuentros con personas expertas independientes de Naciones Unidas y espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas.
La propuesta cuenta con adhesiones de colectivos de familiares de personas desaparecidas, familiares, organizaciones de derechos humanos, activistas y personas académicas de México y otros países.
Para consultar la lista completa de organizaciones, colectivos, familiares, activistas y académicos que suscriben la propuesta, visita: Amnistía Internacional México – Propuesta sobre el artículo 34
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