En lo que va de 2026, el Instituto de la Defensoría Pública ha brindado asesoría jurídica gratuita a 106 mujeres indígenas y defensa penal a 11.
El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fortalece las acciones para proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas y favorecer su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y con perspectiva intercultural.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), organismo sectorizado a la Consejería Jurídica, informó que durante 2026 ha brindado asesoría y orientación jurídica gratuita a 106 mujeres indígenas, además de proporcionar defensa penal a 11.
Asimismo, ha realizado 95 estudios socioeconómicos para determinar la procedencia del patrocinio jurídico gratuito en asuntos familiares, civiles y mercantiles.
Estas acciones están dirigidas a mujeres de los cinco pueblos originarios de la entidad: mazahuas, nahuas, matlatzincas, otomíes y tlahuicas, con el objetivo de que cuenten con acompañamiento jurídico y puedan ejercer plenamente sus derechos.
Uno de los casos es el de Carmela Rivera Bernal, mujer mazahua de 77 años, originaria de la comunidad de San Juan de las Manzanas, en Ixtlahuaca.
Tras el fallecimiento de su hija, Carmela y su esposo enfrentaron la necesidad de realizar un procedimiento legal para acceder a la pensión que les correspondía. Con el apoyo de su hijo, Gregorio Velázquez Rivera, acudió al Instituto de la Defensoría Pública, donde recibió orientación y patrocinio jurídico para iniciar un juicio de dependencia económica.
“Si no, no íbamos a hacer nada, yo digo claro que ni sé leer, ni sé llegar a los lugares a dónde hemos ido. Yo no sabía de esto”, relató Carmela Rivera.
Por su parte, Gregorio Velázquez destacó la importancia de contar con servicios jurídicos accesibles para las personas que enfrentan dificultades económicas o desconocen los procedimientos legales.
Con “El Poder de Servir”, el Instituto de la Defensoría Pública también cuenta con defensores públicos certificados en lengua otomí y mazahua, lo que permite brindar atención con pertinencia lingüística y acercar los servicios de justicia a las comunidades indígenas.
El Gobierno del Estado de México refrendó su compromiso de impulsar una justicia incluyente, humanista y cercana, con respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural de los pueblos originarios.
Para conocer más sobre los servicios del Instituto de la Defensoría Pública se puede consultar su portal oficial.
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