Integrantes del sector energético y de la banca de desarrollo se manifestaron a las afueras de diversos congresos estatales, entre ellos la sede del Poder Legislativo mexiquense, en rechazo a la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional aprobada en abril pasado, la cual impone topes a sus pensiones de retiro.
Ramón Benítez Galarza, representante de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que el decreto y, en específico, su segundo artículo transitorio, vulnera los artículos 1° y 14 de la Constitución al pasar por encima del principio pro persona, la progresividad de las normas y la certeza de derechos consolidados e integrados al patrimonio de los extrabajadores tras décadas de servicio.
IMPACTO A MÁS DE 100 MIL FAMILIAS
La reducción afecta a más de 100 mil jubilados de la CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) e instituciones de la banca de desarrollo como Nacional Financiera, Bancomext y Banrural.
De acuerdo con Benítez Galarza, la modificación inicial fijaba un límite del 50% respecto a las percepciones de la Presidencia de la República; sin embargo, aunque posteriormente una opinión jurídica lo situó en el 100%, una cantidad considerable de extrabajadores continúa en situación de menoscabo sobre derechos avalados en su momento por la Secretaría del Trabajo.
«No defendemos privilegios, defendemos derechos legítima y legalmente ganados. Hicimos un diseño de vida tras más de 30 años de servicio; hoy se vulnera a adultos mayores que no tienen condiciones de salud ni posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral», aseveró.
RUTA JURÍDICA INTERNACIONAL E INICIATIVA CIUDADANA
Frente al rechazo sistemático de juicios de amparo por parte de jueces federales y tribunales colegiados, el contingente anunció que llevará sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para demandar que el Estado mexicano acate los tratados internacionales en materia de no retroactividad y protección patrimonial.
En el plano legislativo, los jubilados promueven una iniciativa ciudadana federal para derogar el artículo segundo transitorio del decreto. Tras recabar más de 200 mil firmas en una consulta previa, iniciaron el registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de Diputados para recolectar las 130 mil rúbricas requeridas con respaldo de credencial de elector.
A la par, el movimiento —organizado en los 32 estados bajo la Alianza Nacional para los Trabajadores Jubilados— busca el aval de los congresos locales para reconsiderar la reforma constitucional, sumándose a propuestas ya ingresadas en la materia por fracciones parlamentarias del PRI, PAN, MC y Morena.
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