El Tribunal de Justicia Administrativa ordena investigar a funcionarios de la FGJEM, incluido el fiscal José Luis Cervantes, asegura el diputado Octavio Martínez.
El diputado Octavio Martínez Vargas, en su carácter de representante y afectado de la Unión de Comerciantes, Productores y Colonos de la Central de Abasto de Ecatepec A.C., reveló que el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó dejar sin efecto el archivo de una investigación y revocar un acuerdo emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La resolución se deriva de falsos señalamientos y comunicados oficiales difundidos en mayo de 2025 por la dependencia encabezada por José Luis Cervantes Martínez, los cuales aseguraban falsamente el hallazgo de mercancía robada dentro de este centro de abasto.
Durante un mensaje ante medios y agremiados, el legislador expuso que la central —que atiende a cerca de 1.5 millones de personas mensualmente y cuenta con estrictos controles de seguridad, un sistema de vigilancia con más de 200 cámaras y presencia permanente de fuerzas federales, Marina y Guardia Nacional— fue blanco de una campaña de desinformación mediante boletines oficiales mal redactados.
Tras interponer una queja formal ante el Órgano Interno de Control de la fiscalía —la cual fue archivada de forma irregular bajo el argumento de «no haber materia de investigación»—, la defensa y los locatarios recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativa. El tribunal determinó que la institución mintió, omitió indagar con rigor y protegió omisiones, por lo que ordenó reabrir el caso, revocar el carpetazo y fincar responsabilidades e investigaciones directas contra los servidores públicos involucrados, incluido el fiscal José Luis Cervantes.
Martínez Vargas subrayó que este fallo judicial demuestra un patrón de actuación arbitraria por parte de la fiscalía mexiquense, la cual fabricó delitos y aseguró bodegas inexistentes en la Central de Abasto de Ecatepec, afectando la imagen de un centro comercial que opera bajo la legalidad y la coordinación constante con la fuerza pública.
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