La organización reconoce avances judiciales, pero señala falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones.
A un año de la publicación de su informe “Son militares, yo los vi”, Amnistía Internacional advirtió que persisten obstáculos para esclarecer la desaparición forzada de 10 personas en la costa ecuatoriana, entre ellas seis menores de edad, en el contexto del denominado Plan Fénix del presidente Daniel Noboa.
De acuerdo con la organización, durante el último año se han registrado avances en materia judicial, aunque la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas con las investigaciones penales y la continuidad de la militarización de la seguridad pública representan obstáculos para que las familias conozcan el paradero de sus seres queridos y accedan a verdad, justicia y reparación.
Amnistía Internacional destacó que en diciembre de 2025 una corte de primera instancia condenó a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro niños del sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.
Posteriormente, en febrero de 2026, la Corte Constitucional ordenó al comandante de la Fuerza Aérea ofrecer disculpas públicas a las familias de los menores. En mayo, un juez ratificó que Dave Loor y Juan Santillán fueron víctimas de desaparición forzada, luego de resolver un habeas corpus presentado por sus familias.
La organización también señaló que, entre enero y agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado instaló mesas de trabajo en Guayas y Los Ríos, a partir de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras.
Según Amnistía Internacional, estos espacios buscan facilitar la coordinación entre autoridades y familiares para avanzar en las búsquedas y en las investigaciones penales.
Señalan falta de información
La organización indicó que el paradero de la mayoría de las víctimas continúa sin conocerse y señaló al Ministerio de Defensa como uno de los principales obstáculos para las investigaciones.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades militares se han negado a proporcionar información sobre los operativos de seguridad después de los cuales desaparecieron las víctimas, bajo el argumento de que se trata de información confidencial.
Ante esta situación, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil presentó en septiembre un recurso ante la Corte Constitucional para solicitar la desclasificación de dicha información.
Amnistía Internacional respaldó el recurso y sostuvo que la clasificación de información relacionada con violaciones a derechos humanos es contraria a las obligaciones internacionales de Ecuador.
La organización también reportó que familiares de las víctimas han denunciado hostigamiento y actos de intimidación por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, pese a que varias de estas personas forman parte del sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía.
Cuestionan cooperación militar
Amnistía Internacional agregó que durante 2026 Ecuador ha profundizado su cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
Según la organización, este contexto ha generado nuevas denuncias sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional durante operaciones conjuntas y acciones presuntamente encabezadas por autoridades estadounidenses.
Entre los casos mencionados se encuentra el ataque contra una embarcación ecuatoriana, cuyos tripulantes continúan desaparecidos.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, llamó a las autoridades ecuatorianas a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
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