Por prácticas indebidas, abuso de autoridad, daño patrimonial y negligencia médica, entre otras irregularidades, fueron sancionados 47 personas personas servidoras públicas y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 4.6 millones de pesos.
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer las sanciones por faltas graves y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las no graves.
En ese sentido, derivado de las acciones de investigación realizadas a través de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, en el Servicio de Administración Tributaria, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V., en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves.
Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.
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