A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, persistían obstáculos en la investigación relacionados con la entrega de información, la preservación de evidencias y la lentitud en el esclarecimiento de los hechos.
En un pronunciamiento difundido este sábado, Amnistía Internacional señaló que el Ejército mexicano aún no había entregado información relacionada con el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, pese a que existía una resolución judicial que ordenaba proporcionar documentación considerada relevante para la investigación.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización en México, señaló que las familias de los estudiantes habían exigido de manera reiterada el acceso a la totalidad de la información generada durante 2014, incluidos 853 folios que también habían sido solicitados por organizaciones sociales y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El organismo recordó que, al concluir su participación en la investigación en julio de 2023, el GIEI había advertido que la información recibida había sido parcial y que existían otros datos relacionados con el momento de los hechos y con fechas posteriores, particularmente sobre la detención y traslado de algunos de los estudiantes.
Otro de los señalamientos estuvo relacionado con el borrado de videos registrados por cámaras del Palacio Municipal de Iguala. Según el pronunciamiento, esta situación había sido atribuida al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a otras dos personas, por lo que se consideró necesario investigar la desaparición de dichas evidencias y las posibles responsabilidades derivadas de ello.
La organización también destacó las aportaciones realizadas durante estos años por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otras organizaciones que habían acompañado a las familias en la búsqueda de los estudiantes.
Asimismo, recordó que el Estado mexicano tenía la obligación de realizar las acciones necesarias para esclarecer la desaparición de los normalistas y llevar ante los tribunales a quienes resultaran responsables, con apego a las normas nacionales e internacionales.
El pronunciamiento retomó también la exigencia de las familias para que cualquier nueva información relacionada con el caso les fuera comunicada primero por los canales oficiales, antes de hacerse pública, y pidió evitar la difusión de datos sin sustento que pudieran afectar su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.
A 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el organismo reiteró su llamado al gobierno federal para garantizar la entrega de la información pendiente y avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.
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