A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la organización advierte que las nuevas hipótesis no deben desplazar las investigaciones pendientes sobre la actuación de autoridades civiles, policías y Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional cuestionó el nuevo informe presentado por el Gobierno de México sobre el caso Ayotzinapa y advirtió que la apertura de nuevas líneas de investigación no debe significar el abandono de las indagatorias pendientes ni limitar la explicación de los hechos a la actuación de actores locales.
El informe presentado el 28 de septiembre por autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República plantea nuevas líneas relacionadas con registros telefónicos, el uso posterior de celulares de los estudiantes, funerarias y posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos y servidores públicos, además de la identificación de nuevas personas de interés.
Frente a estos avances, Amnistía Internacional sostuvo que cualquier nueva hipótesis debe contrastarse con las investigaciones que permanecen abiertas, particularmente aquellas relacionadas con la cadena de mando, la participación de corporaciones policiales y militares y la actuación de autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Uno de los principales puntos de controversia continúa siendo la información en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional. La organización acompaña la exigencia de las familias para que sean entregados 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro”, documentos que, de acuerdo con organizaciones acompañantes, fueron objeto de una resolución judicial.
Sin embargo, durante la presentación del nuevo informe, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que la Sedena sostiene haber realizado una búsqueda exhaustiva y que no cuenta con esos documentos. También afirmó que existen 17 militares detenidos y bajo proceso, aunque sostuvo que su actuación habría ocurrido a título personal y no como institución.
Amnistía Internacional recordó que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense han documentado irregularidades y aportado elementos para las investigaciones.
La organización insistió en que las familias de los 43 estudiantes deben recibir información sustantiva sobre los avances de la investigación y que todas las evidencias disponibles deben ser incorporadas y contrastadas antes de establecer nuevas conclusiones sobre lo ocurrido.
A 12 años de la desaparición de los normalistas, el caso mantiene abiertas distintas líneas de investigación. Las autoridades han señalado que el nuevo trabajo busca reanalizar información acumulada durante años, mientras organizaciones de derechos humanos y familiares mantienen la exigencia de esclarecer el destino de los estudiantes y determinar las responsabilidades correspondientes.
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