La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México exige frenar los trabajos y esclarecer un posible incumplimiento de resoluciones judiciales.
La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México denunció que la Secretaría de Marina inició la construcción de la segunda escollera del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz mediante el depósito de toneladas de roca junto al arrecife vivo La Gallega. Según la organización, las obras avanzan pese a la suspensión judicial relacionada con el proyecto, ordenada en 2022.
En un pronunciamiento fechado el 3 de octubre, la red señaló que, durante recorridos de vigilancia ciudadana, constató el ingreso constante de camiones cargados con material rocoso destinado a las obras. Advirtió que la colocación de estas piedras podría sepultar partes del arrecife y modificar las corrientes marinas, favoreciendo la acumulación de sedimentos y poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema.
La organización calificó la situación como una amenaza grave para el Sistema Arrecifal Veracruzano y alertó que, si los trabajos continúan, los daños podrían ser irreversibles. Además, denunció que el material utilizado presuntamente proviene de una cantera ubicada en Mozomboa, municipio de Actopan, cuyo origen —afirma— no estaría documentado en las evaluaciones de impacto ambiental del proyecto.
Uno de los principales señalamientos de la red ambientalista es que las obras avanzan sin que, de acuerdo con su pronunciamiento, se haya acreditado el cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con la ampliación portuaria y la protección del arrecife.
La controversia se remonta a 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino en el litigio relacionado con el proyecto y la defensa de este ecosistema, en el marco del derecho humano a un medio ambiente sano.
De acuerdo con la organización, el 9 de julio de 2026 la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante el oficio ASIPONAVER G.I./0757/2026, el inicio de la segunda fase del proyecto, que contempla la construcción de la escollera.
La red cuestionó que, pese a esta notificación, no se hayan hecho públicas respuestas o medidas que aclaren la situación jurídica y ambiental de los trabajos. Por ello, pidió a las autoridades informar si las obras cuentan con las autorizaciones correspondientes y si cumplen con las resoluciones judiciales aplicables.
Los señalamientos forman parte de la denuncia de la organización y requieren ser contrastados con los documentos judiciales y las respuestas oficiales de las dependencias involucradas.
El arrecife La Gallega forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano, un ecosistema marino de gran importancia para la biodiversidad del Golfo de México. Los arrecifes albergan numerosas especies, contribuyen al equilibrio ambiental y funcionan como barreras naturales que ayudan a disminuir la fuerza del oleaje y proteger las costas.
También sostienen actividades económicas como la pesca y el turismo, de las que dependen comunidades de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.
La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México advirtió que el deterioro de La Gallega no afectaría únicamente a las especies que habitan en el arrecife, sino que podría repercutir en la conservación de otros ecosistemas marinos, la disponibilidad de recursos pesqueros y la protección de las poblaciones costeras.
Asimismo, sostuvo que los posibles impactos de la escollera ya habían sido advertidos en estudios científicos y alertó que el avance de las obras podría provocar daños difíciles de revertir.
Ante los riesgos que denuncia, la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México exigió al Gobierno federal detener de inmediato los trabajos de construcción de la segunda escollera y esclarecer las condiciones en que se desarrolla el proyecto de ampliación portuaria.
Entre sus demandas se encuentran investigar el depósito de roca y los posibles daños al arrecife; transparentar el origen del material y las autorizaciones ambientales; informar sobre las actuaciones de la SEMARNAT; y verificar el cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con la obra.
También pidió la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de las instancias judiciales competentes para determinar si existen responsabilidades y, en su caso, establecer las medidas correspondientes. Además, solicitó garantizar la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar a los ecosistemas de la región.
La denuncia cuenta con el respaldo de organizaciones ambientales y colectivos dedicados a la conservación, entre ellos Greenpeace México, MarNatura y Sendas, además de otros grupos locales.
Finalmente, la red llamó a la sociedad civil y a los medios de comunicación a difundir la situación denunciada y exigir respuestas públicas a las autoridades. Advirtió que la continuidad de las obras sin esclarecer su situación jurídica y ambiental podría poner en riesgo un ecosistema fundamental para la biodiversidad, la economía regional y la protección de las comunidades costeras.
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