Dos informes advierten la falta de registros oficiales sobre las infancias afectadas por la desaparición de familiares y documentan consecuencias emocionales, económicas y escolares.
En México, cerca de 165 mil hijas e hijos podrían estar vinculados con personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con una estimación presentada por Tejiendo Redes Infancia y el Observatorio Infancia Latina. El cálculo evidencia la falta de información oficial para identificar a estas infancias y garantizarles atención y protección.
El informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes identificó 103 mil 176 registros de personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas al 27 de agosto de 2026. Al aplicar un indicador general de 1.60 hijas e hijos por persona, basado en la ENADID 2023, se obtuvo la estimación de cerca de 165 mil posibles familiares. La metodología aclara que no se trata de personas identificadas individualmente ni permite afirmar que todas sean menores de edad.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que la ausencia de datos oficiales impide conocer cuántas niñas, niños y adolescentes necesitan protección, acompañamiento, información y restitución de derechos. Los registros actuales contabilizan personas desaparecidas, pero no permiten reconstruir de manera integral sus relaciones familiares.
La problemática también fue documentada en Nuevo León. Un informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad estimó que 8 mil 941 niñas, niños y adolescentes podrían estar afectados por la desaparición de 5 mil 588 personas de entre 15 y 49 años. El organismo advirtió que no existe un registro oficial que permita conocer con precisión cuántas infancias tienen familiares desaparecidos.
Para conocer sus experiencias, la comisión realizó una audiencia pública con 14 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años, así como 14 madres, abuelas, cuidadoras y familiares. Los testimonios permitieron identificar afectaciones emocionales, escolares, económicas, familiares y comunitarias.
Entre las consecuencias documentadas se encuentran problemas de sueño, miedo, alteraciones emocionales y bajo rendimiento escolar. Algunas personas adolescentes también deben combinar sus estudios con trabajos prematuros, mientras sus familias enfrentan una disminución de ingresos y una mayor carga de cuidados, que recae principalmente en las mujeres.
Durante el encuentro, María Luisa Castellanos, presidenta de Buscadoras de Nuevo León, compartió su experiencia de más de 15 años en la búsqueda de su esposo y el acompañamiento a sus cuatro hijos. También cuestionó las prácticas que excluyen a las infancias de información sobre la desaparición de sus familiares y alertó sobre el estigma que pueden enfrentar en las escuelas y comunidades.
Darian, adolescente e hija de una persona desaparecida, pidió que las autoridades, las escuelas y la sociedad escuchen a quienes viven estas ausencias, garanticen acompañamiento psicológico y educativo y eviten que sus experiencias queden reducidas a cifras. Su participación destacó que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y deben intervenir en las decisiones que afectan sus vidas.
Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), en Jalisco, compartió su experiencia en procesos de acompañamiento psicosocial para infancias y adolescencias que buscan a familiares desaparecidos. La organización señaló que es necesario reconocer sus capacidades, experiencias y propuestas, sin trasladarles responsabilidades que corresponden a las personas adultas y al Estado.
Los informes también advierten que ocultar información sobre una desaparición no necesariamente protege a las infancias. Cuando no reciben explicaciones adecuadas a su edad y contexto, pueden desarrollar interpretaciones que aumenten la culpa, la ansiedad y la incertidumbre.
Entre las medidas propuestas para atender esta situación se encuentran generar estadísticas periódicas, reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas, brindar atención jurídica, psicológica y médica especializada, establecer protocolos de primer contacto y prevenir la discriminación escolar. También se plantea desarrollar programas sociales para las familias cuidadoras y mecanismos permanentes de participación infantil y adolescente.
Las organizaciones participantes señalaron que visibilizar a las hijas e hijos de personas desaparecidas requiere una respuesta pública que articule búsqueda, verdad, justicia, memoria, reparación y cuidados, con el propósito de garantizar sus derechos y sus proyectos de vida.
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