Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe documentaron restricciones migratorias, entradas costosas, obstáculos para personas con discapacidad y agresiones contra periodistas en México, Estados Unidos y Canadá.
La FIFA antepuso la obtención de ingresos récord a la protección de los derechos humanos durante la Copa Mundial masculina de 2026, de acuerdo con un informe conjunto de Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe, que documenta presuntas deficiencias en la organización y supervisión del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.
El documento, titulado Profit Over People: The 2026 FIFA Men’s World Cup, señala que la competición estuvo marcada por el temor a las detenciones y deportaciones de personas migrantes, restricciones discriminatorias de visas, altos costos de acceso y barreras para aficionados, jugadores y periodistas.
El informe también cuestiona la falta de transparencia en los mecanismos de protección y la ausencia de vías efectivas para denunciar y reparar posibles vulneraciones de derechos humanos.
Andrea Florence, directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, afirmó que las condiciones económicas, la nacionalidad, el estatus migratorio, la discapacidad, la identidad de género, la orientación sexual y las circunstancias políticas limitaron el acceso y la participación de distintos sectores de la población.
Asimismo, cuestionó que la FIFA otorgara al presidente estadounidense Donald Trump un “Premio de la Paz de la FIFA” sin un proceso de aprobación, lo que, según la organización, reflejó la falta de congruencia entre los compromisos del organismo deportivo y sus decisiones.
Restricciones y exclusión de aficionados
El informe documenta que los elevados precios de las entradas, los costos de las visas y la falta de transporte interurbano asequible dificultaron la asistencia al Mundial, especialmente para personas con discapacidad, aficionados con ingresos limitados y habitantes de países del Sur Global.
También señala restricciones de viaje hacia Estados Unidos que afectaron a personas de más de 39 países, así como problemas migratorios que involucraron a integrantes de la selección iraní y al árbitro somalí Omar Artan, a quien se le habría negado la entrada al país pese a contar con una visa válida, después de permanecer 11 horas bajo interrogatorio.
De acuerdo con cifras citadas de Human Rights Watch, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó más de 167 mil detenciones en 11 ciudades sede del torneo y sus alrededores durante el periodo previo a la competición.
Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, sostuvo que los costos de las entradas y las barreras de acceso transformaron el campeonato en un espectáculo excluyente, alejado de la promesa de ser una celebración deportiva abierta a todas las personas.
Protestas y restricciones a periodistas
En México, el documento reporta que la policía respondió con gas lacrimógeno a protestas previstas y detuvo a dos periodistas. En Canadá, señala que las operaciones de limpieza en las calles de las ciudades sede desplazaron a personas sin hogar y que las autoridades migratorias rechazaron numerosas solicitudes de visa, principalmente de personas procedentes del Sur Global.
El informe también expresa preocupación por la participación de al menos ocho jugadores que enfrentaban procesos o acusaciones pendientes por presunta agresión sexual, y cuestiona si la FIFA aplicó sus propios criterios de protección relacionados con antecedentes de violencia y delitos sexuales.
En cuanto a la libertad de prensa, se identificaron obstáculos derivados de la falta de transparencia en la acreditación de medios, las dificultades para obtener visas estadounidenses y la ausencia de conferencias de prensa periódicas con los principales dirigentes del organismo.
Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros sin Fronteras en Estados Unidos, advirtió que la falta de claridad en los procedimientos de acreditación y la escasa difusión de los mecanismos de denuncia impiden conocer el alcance real de los posibles daños a periodistas, jugadores, aficionados, trabajadores y comunidades.
Exigen reformas y mecanismos de rendición de cuentas
Ante estos señalamientos, Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe pidieron a la FIFA y a las candidaturas a las elecciones presidenciales de 2027 establecer obligaciones vinculantes en materia de derechos humanos para futuras Copas Mundiales, acompañadas de supervisión independiente y consecuencias claras ante incumplimientos.
Entre sus propuestas se encuentra crear criterios transparentes para abordar acusaciones graves de conducta indebida o violencia sexual contra deportistas y directivos; garantizar el acceso no discriminatorio a los torneos; proteger la libertad de expresión, reunión pacífica y prensa, así como asegurar condiciones de accesibilidad para aficionados con discapacidad.
También plantearon establecer mecanismos de reclamación y reparación accesibles, recuperar un Consejo Asesor de Derechos Humanos permanente e independiente, reformar integralmente la Comisión de Ética de la FIFA y crear un fondo permanente para reparar los daños ocasionados a personas y comunidades por la organización de competiciones.
Las organizaciones concluyeron que los riesgos para los derechos humanos deben determinar cómo se seleccionan las sedes, se planifican y supervisan los torneos, y que los dirigentes de los organismos deportivos deben asumir responsabilidades cuando cambian las circunstancias o se incumplen los compromisos establecidos.
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