Urgen a aplicar la Ley de Amnistía y alternativas judiciales para despresurizar los 22 penales estatales.
Aunque el Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros de reinserción social en el país —uno de ellos proyectado para el Estado de México— con el objetivo de desahogar la sobrepoblación penitenciaria, actores políticos y especialistas advierten que la infraestructura carcelaria será insuficiente mientras no se erradique la fabricación de delitos y las irregularidades ministeriales.
Actualmente, los 22 centros de reinserción social de la entidad albergan a cerca de 40 mil personas privadas de la libertad (PPL), de las cuales se estima que hasta cuatro de cada diez podrían ser inocentes y estar sujetas a procesos viciados o carpetas de investigación armadas.
Se destacó que, durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, el Gobierno federal admitió la necesidad de revisar a fondo el inusitado crecimiento de la población penitenciaria y los indicios de fabricación de delitos por parte de corporaciones e instituciones de procuración de justicia.
Ante este panorama, el diputado Octavio Martínez subrayó que la solución de fondo no radica únicamente en edificar más centros penitenciarios, sino en auditar y corregir la actuación de las autoridades judiciales y ministeriales: «Tiene que revisarse el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía a efecto de que se apeguen puntualmente a la legalidad, y el Poder Judicial debe instruir a los jueces penales a vigilar minuciosamente cada expediente para frenar cualquier carpeta fabricada».
LLAMADO A LA DEFENSORÍA PÚBLICA: AMNISTÍA Y MEDIDAS ALTERNAS
Para reducir de forma inmediata la saturación en los centros de reclusión mexiquenses, el diputado por morena exhortó a la Defensoría Pública y a los familiares de las personas privadas de la libertad a hacer uso de los mecanismos y beneficios legales vigentes:
Ley de Amnistía: Aplicable a internos con enfermedades crónicas o en fase terminal, personas sentenciadas mediante causas viciadas o delitos fabricados, y mujeres juzgadas sin perspectiva de género.
Medidas cautelares y penas menores: Promover la reclasificación de delitos de bajo impacto, el pago de fianzas o cauciones pendientes, el uso de brazaletes electrónicos y la concesión de prisión domiciliaria.
Gasto millonario en manutención penitenciaria
Finalmente, se remarcó el elevado costo fiscal que representa el hacinamiento carcelario para el erario mexiquense, indicando que anualmente se erogan más de 1,300 millones de pesos únicamente en el rubro de alimentación para los internos en el sistema penitenciario estatal. Dichos recursos, se puntualizó, debieran liberarse paulatinamente mediante una adecuada política de despresurización para destinarse a rubros prioritarios de salud, educación e infraestructura en beneficio de las y los mexiquenses.
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