La organización denunció que los condenados fueron sometidos a juicios injustos y presunta tortura; advierte que decenas de personas permanecen en riesgo de ejecución por motivos políticos.
Amnistía Internacional llamó a la comunidad internacional a ejercer presión diplomática coordinada sobre Irán, luego de que las autoridades ejecutaran a cinco hombres entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, tras condenarlos por su presunta participación en las protestas de enero.
La organización denunció que las sentencias de Ali Hemmati Sistanian, Alireza Raisi, Alireza Sepahi, Majid Nikandish y Siavash Jamshidi Kheirabadi se dictaron después de procesos judiciales que calificó de manifiestamente injustos y en los que hubo denuncias de tortura, restricciones al acceso a abogados y uso de confesiones forzadas transmitidas por televisión.
Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, afirmó que las ejecuciones forman parte de un patrón de represión mediante el cual las autoridades iraníes buscan desalentar la disidencia y evitar nuevas movilizaciones contra el gobierno.
La organización advirtió que decenas de personas, incluidos manifestantes y disidentes, continúan en riesgo de ser ejecutadas por motivos políticos, por lo que consideró urgente intensificar las acciones diplomáticas para detener las condenas pendientes.
Denuncian tortura y procesos judiciales irregulares
De acuerdo con la información de Amnistía Internacional, Alireza Raisi y Alireza Sepahi fueron ejecutados el 5 de octubre en Isfahán. Ambos habían sido condenados a muerte por su presunta participación en las protestas del 8 de enero de 2026, durante las cuales las autoridades les atribuyeron diversos actos violentos y no violentos.
La organización señaló que sus confesiones fueron difundidas por medios estatales el 23 de enero y utilizadas como pruebas durante el proceso. En el caso de Sepahi, denunció que habría sufrido aislamiento prolongado, palizas y descargas eléctricas, además de que se le negó el acceso a un abogado durante los interrogatorios.
Por su parte, Majid Nikandish y Ali Hemmati Sistanian fueron ejecutados el 30 de septiembre en Mashhad, en la provincia de Jorasán Razaví. Según Amnistía Internacional, sus condenas estuvieron relacionadas con las protestas realizadas en esa ciudad el 8 de enero, y las confesiones televisadas que se utilizaron en su contra habrían sido obtenidas bajo coacción.
La organización también citó información de Iran Human Rights, que denunció que Nikandish fue sometido a aislamiento prolongado y a malos tratos físicos, incluidos actos que le habrían provocado lesiones en el hombro y la mandíbula.
El quinto caso corresponde a Siavash Jamshidi Kheirabadi, ejecutado el 3 de octubre en Shahr-e Kord, en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí. Fue condenado por cargos relacionados con el uso de armas de fuego y presuntos delitos contra la seguridad nacional durante las protestas.
Amnistía Internacional sostuvo que las confesiones forzadas también fueron difundidas por televisión y empleadas como pruebas para justificar su condena a muerte.
Al menos 34 personas ejecutadas tras las protestas
La organización informó que las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 34 personas en relación con el levantamiento de enero de 2026. Durante aquellas movilizaciones, fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal a gran escala, con miles de personas muertas entre manifestantes y transeúntes, según denuncias documentadas por Amnistía Internacional.
Asimismo, señaló que las ejecuciones por motivos políticos se intensificaron después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ocurridos el 28 de febrero de 2026, mientras continuaron las ejecuciones por delitos relacionados con drogas y otros cargos.
Ante este escenario, la organización pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional y que la Asamblea General impulse un mecanismo internacional de justicia penal para investigar posibles violaciones graves de derechos humanos.
Amnistía Internacional reiteró su oposición a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, y llamó a los gobiernos a coordinar acciones para frenar las ejecuciones pendientes y exigir garantías de debido proceso para las personas detenidas.
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