La organización llamó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a abrir un diálogo nacional para impulsar medidas de prevención, atención y reducción de riesgos y daños, con base en evidencia científica.
Menos Daño llamó al Gobierno de México a construir una política integral de drogas que priorice la salud pública, la prevención de muertes y los derechos humanos, en lugar de recurrir a la criminalización de las personas usuarias. La organización pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaría de Gobernación y a las dependencias competentes abrir un diálogo nacional con especialistas, organizaciones civiles y comunidades.
El planteamiento ocurre en un contexto de violencia e inseguridad que, de acuerdo con el posicionamiento de la organización, ha dejado casi medio millón de homicidios y 135 mil personas desaparecidas desde el incremento de la violencia letal en el país, cuyo vigésimo aniversario se cumplirá en diciembre de 2026.
Menos Daño sostuvo que la eficacia de las estrategias de seguridad debe evaluarse más allá del número de decomisos y detenciones, considerando también si contribuyen a reducir la violencia, prevenir muertes, garantizar servicios de salud accesibles y disminuir los daños asociados al consumo de sustancias y a los mercados ilegales.
La organización reconoció que investigar delitos de alto impacto y proteger a las comunidades son responsabilidades del Estado; sin embargo, señaló que también debe garantizar la prevención de sobredosis y el acceso a servicios de salud libres de estigma y discriminación.
En ese sentido, advirtió que la criminalización de las personas usuarias por delitos menores relacionados con drogas no sustituye una política de seguridad eficaz ni resuelve los problemas asociados al consumo.
Entre las medidas planteadas, Menos Daño propuso facilitar el acceso comunitario a la naloxona, medicamento que revierte las sobredosis por opioides. La organización informó que ha solicitado al Senado de la República su desclasificación para ampliar su disponibilidad y prevenir muertes.
También pidió revisar el marco normativo para dejar de responder mediante el sistema penal al consumo y la posesión de drogas para uso personal, y reorientar recursos hacia la atención sanitaria y la protección social.
La propuesta incluye fortalecer los servicios de salud pública mediante información accesible, atención voluntaria y de calidad, personal capacitado y mecanismos que eviten la estigmatización de las personas usuarias.
Asimismo, planteó ampliar los programas de reducción de riesgos y daños, con acciones como la detección y el tratamiento de la hepatitis C, la vacunación contra las hepatitis A y B cuando corresponda, y el acceso a medicamentos controlados para usos médicos.
Menos Daño consideró necesario reconocer y fortalecer el trabajo de las organizaciones civiles y comunitarias, así como incorporar las experiencias de las personas usuarias y de las comunidades afectadas en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
Además, propuso establecer mecanismos de seguimiento que permitan medir los resultados de las estrategias de drogas no solo mediante indicadores de seguridad, sino también a partir de su impacto en la salud, la prevención de muertes, el acceso a servicios, la reducción de la violencia y el bienestar comunitario.
La organización llamó a construir un debate nacional plural e informado, con la participación de autoridades, academia, organizaciones sociales, comunidades, personas usuarias y ciudadanía.
Menos Daño sostuvo que México necesita una política de drogas capaz de reducir la violencia, prevenir daños, garantizar el acceso a la salud y proteger la dignidad y los derechos humanos, mediante alternativas sustentadas en evidencia científica y en las necesidades de la población.
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