La legisladora también informó que, como parte de su labor social, atendió a mil 630 personas, recibió 524 solicitudes ciudadanas y realizó 491 acciones.
Al presentar su Segundo Informe Legislativo en Huixquilucan, la diputada Jennifer Nathalie González López (morena) señaló que la representación popular se construye en territorio y destacó su trabajo en el fortalecimiento del sector salud y la protección de las mujeres, así como sus iniciativas sobre agua potable en escuelas y vivienda digna para personas servidoras públicas de procuración de justicia y salud.
Acompañada por el diputado Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva del Congreso mexiquense, la legisladora agregó que la labor parlamentaria no comienza ni termina en una curul, ni se limita a las iniciativas en papel, sino que requiere acuerdos, trabajo en comunidad y la construcción de redes de apoyo para cambiar las historias de las familias y hacer justicia ante las desigualdades.
Ante congresistas de su bancada y personas servidoras públicas estatales y municipales, destacó que, como presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, participó en la construcción de la nueva Ley de Salud del Estado de México, fortalecida con iniciativas de los grupos parlamentarios de morena, PVEM, PAN, PRI, MC y PRD, así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el propósito de garantizar el derecho de la población a la atención médica, establecer las responsabilidades de las autoridades y fortalecer la coordinación institucional en la materia.
También resaltó la aprobación de su iniciativa para sancionar hasta con 10 años de prisión a las personas servidoras públicas de procuración y administración de justicia que, obligadas a investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género, incurran en actos de corrupción u omisiones.
Indicó que ese proyecto legislativo retomó las propuestas impulsadas por Irinea Buendía, surgidas a raíz del feminicidio de su hija, Mariana Lima Buendía, y busca fortalecer las investigaciones de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, así como garantizar el acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias y la reapertura de carpetas cuando se detecten irregularidades.
Entre las iniciativas en análisis de las comisiones legislativas, refirió la propuesta para que las autoridades educativas estatales y municipales garanticen agua potable en los planteles de educación básica, con acciones coordinadas que aseguren su disponibilidad, continuidad, calidad, salubridad, accesibilidad y mantenimiento, conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo, propuso dar atención prioritaria en programas, apoyos y acciones de vivienda a personas servidoras públicas que desempeñan funciones esenciales, particularmente en los sectores de salud y seguridad pública. Por ello, plantea incorporar criterios de prioridad en la política estatal.
Como parte del balance del trabajo colectivo del Congreso mexiquense, la diputada señaló que, de septiembre de 2025 a julio de 2026, la LXII Legislatura aprobó 832 iniciativas y puntos de acuerdo, mientras que el 94 por ciento de las iniciativas fueron avaladas por unanimidad.
En materia de gestión social, en presencia de vecinas y vecinos de Huixquilucan, Jennifer González informó que, a través de la oficina 33 de la Cámara de Diputados, fueron atendidas mil 630 personas, recibidas 524 solicitudes ciudadanas y realizadas 491 acciones. También destacó la entrega de prótesis, lentes y materiales accesibles, en coordinación con más de 30 organizaciones, así como el acompañamiento jurídico y médico a familias.
Tras reconocer la gestión social de la legisladora, el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva, destacó que la LXII Legislatura mexiquense se ha caracterizado por el trabajo en equipo, la modificación y promoción de leyes, así como por mantener cercanía con la ciudadanía mediante recorridos por barrios y colonias para escuchar sus necesidades y construir propuestas acordes con la realidad.
Añadió que la labor también implica perfeccionar el marco jurídico, fortalecer las instituciones para que respondan a su propósito y promover cambios en las actitudes de las y los servidores públicos, a fin de que estén al servicio de la población.
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