La Asamblea General aprobó una resolución para exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.
Se trata de la trigésima cuarta ocasión desde 1992 en que el órgano de la ONU se pronuncia contra la medida, aunque la votación registró menos apoyos que en años anteriores.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a rechazar el embargo que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde 1960, al aprobar una resolución que solicita poner fin a las restricciones económicas, comerciales y financieras impuestas a la isla.
El documento obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, una disminución respecto al año anterior, cuando recibió 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones. De acuerdo con el reporte, se trata del menor respaldo registrado en dos décadas.
La votación también reflejó cambios en las posiciones de algunos países latinoamericanos. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay votaron en contra de la resolución, mientras que Chile, República Dominicana, Honduras y Perú se abstuvieron.
Una resolución contra el bloqueo económico
El proyecto, presentado por Cuba, se fundamenta en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación.
La resolución expresa preocupación por la vigencia de leyes estadounidenses con efectos extraterritoriales, particularmente la Ley Helms-Burton de 1996, cuya aplicación, según el documento, afecta también a entidades y personas de otros países.
Asimismo, el texto señala que las medidas de flexibilización anunciadas por Estados Unidos en 2015 y 2016 fueron seguidas por un endurecimiento de las políticas desde 2017.
La Asamblea General manifestó su inquietud porque, pese a las sucesivas votaciones y llamados internacionales, el embargo continúa vigente y afecta a la población cubana. También exhortó a los Estados a abstenerse de aplicar disposiciones que obstaculicen el comercio y pidió derogar o dejar sin efecto las leyes de esa naturaleza.
Como parte del seguimiento, solicitó al secretario general de la ONU preparar un informe sobre el cumplimiento de la resolución y su compatibilidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Estados Unidos defiende su postura
Durante el debate, el representante estadounidense Mike Waltz rechazó que el embargo sea la causa principal de la crisis cubana y responsabilizó al Gobierno de la isla por su situación económica.
Waltz afirmó que las exportaciones estadounidenses a Cuba, que cifró en más de 876 millones de dólares durante ocho meses de 2026, y los intercambios comerciales con otros países demuestran que no existe un bloqueo total.
El representante sostuvo que los recursos del país se concentran en las élites dirigentes y pidió a los Estados miembros votar contra la resolución, al considerar que su aprobación favorecería la posición política del Gobierno cubano.
Cuba denuncia consecuencias humanitarias
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó los argumentos de Estados Unidos y presentó estimaciones sobre el costo económico acumulado del embargo.
El funcionario responsabilizó a las restricciones por las dificultades que enfrenta la población, particularmente en el sistema de salud. Señaló que la falta de acceso a determinados medicamentos y equipos médicos ha afectado tratamientos y provocado retrasos o cancelaciones de intervenciones quirúrgicas.
Rodríguez Parrilla también denunció obstáculos para la entrada de medicamentos oncológicos y para la comercialización internacional de productos farmacéuticos desarrollados en Cuba.
El Gobierno cubano sostiene que el embargo limita el acceso a recursos esenciales, mientras que Estados Unidos atribuye la crisis principalmente a las políticas internas de la isla. La resolución aprobada por la Asamblea General vuelve a dejar constancia del llamado internacional para poner fin a las restricciones, aunque su aprobación no implica por sí misma el levantamiento del embargo.
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