Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia exigen esclarecer el caso ocurrido en San Luis Potosí y garantizar verdad, justicia y reparación del daño para su familia.
A 14 años de la muerte de Karla Pontigo, ocurrida el 28 de octubre de 2012 en San Luis Potosí, su familia continúa en busca de justicia. Tras años de irregularidades en las investigaciones estatales, el caso fue atraído en febrero de 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR), donde permanece bajo responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
De acuerdo con Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, las autoridades estatales incurrieron en omisiones que impidieron esclarecer los hechos durante años. Entre ellas se encuentran la falta de protección de la escena, la pérdida de pruebas, la negativa inicial de acceso al expediente para la familia y la falta de investigación sobre el presunto acoso que Karla sufría por parte de su jefe.
En noviembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que invalidó la clasificación del caso como homicidio culposo y ordenó reponer la investigación con perspectiva de género, considerando las posibles circunstancias de violencia y discriminación contra las mujeres.
La resolución también señaló deficiencias en la actuación de las autoridades y estableció la necesidad de iniciar procedimientos para determinar posibles responsabilidades por las irregularidades cometidas durante la investigación.
El caso se convirtió en un precedente sobre la obligación de las autoridades de investigar las muertes violentas de mujeres de manera diligente, imparcial y con perspectiva de género.
El 25 de septiembre de 2026, Esperanza Lucciotto, madre de Karla, se reunió con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para solicitar avances que permitan conocer la verdad y obtener justicia para su hija. En el encuentro estuvo acompañada por representantes de la Fundación para la Justicia y Amnistía Internacional.
Ambas organizaciones señalaron que la investigación representa una oportunidad para corregir las fallas que han obstaculizado el acceso a la justicia y establecer precedentes para otros casos de feminicidio en México.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2015 la Recomendación 55/2015 por violaciones graves a derechos humanos y ordenó la reparación integral del daño a la familia. Según las organizaciones acompañantes, esta reparación continúa pendiente.
A través de campañas como #LaLuchaContinúa y #10AñosSinKarla, Amnistía Internacional ha acompañado a la familia para exigir el esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas de las autoridades involucradas y la reparación del daño.
A 14 años del feminicidio, las organizaciones insisten en que el acceso a la justicia requiere investigaciones completas, atención a las víctimas indirectas y sanciones cuando se acrediten responsabilidades.
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