A casi cinco años del feminicidio de la activista Grisel Pérez, su madre acusa pérdida de expediente en Edoméx y riesgo de liberación del agresor.
A punto de cumplirse un lustro del feminicidio de la abogada y activista Grisel Pérez Rivera, su madre, Concepción Rivera Guerrero, acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Género en Toluca para exigir la localización de la carpeta de investigación —la cual acusó que se encuentra extraviada dentro de la institución mexiquense— y demandar una audiencia directa ante el temor fundado de que el agresor sentenciado obtenga su libertad tras interponer un juicio de amparo.
Pérez Rivera desapareció en la región de Amecameca y su cuerpo sin vida fue localizado un año después en la localidad de El Durazno, en las inmediaciones de Pachuca, Hidalgo. Si bien un tribunal de Mixquiahuala dictó una sentencia condenatoria de 29 años de prisión contra el responsable material por el delito de feminicidio, el fallo no incluyó el cargo por desaparición forzada cometida por particulares, situación que ambas fiscalías estatales se han negado a subsanar arrojándose la competencia de manera mutua.
ALERTAN POR RECURSO DE AMPARO Y PERFIL DE ALTA PELIGROSIDAD
Acompañada por colectivas, Rivera Guerrero advirtió que el sentenciado contrató defensa particular, recurrió a la apelación y recientemente promovió un juicio de amparo con el propósito de revocar su condena y egresar del sistema penitenciario.
De acuerdo con informes judiciales notificados a la familia desde el estado de Hidalgo, el recluso fue trasladado desde Mixquiahuala hacia un penal federal de máxima seguridad en Coahuila, luego de que exámenes periciales determinaron un perfil de extrema peligrosidad e instintos homicidas. Asimismo, los asesores de la víctima señalaron que pesan sospechas fundadas en su contra por la muerte e incineración previa de su pareja y de dos tías que lo criaron, hechos que no fueron investigados formalmente por las autoridades ministeriales.
«A él lo trasladan a Coahuila porque confirmaron que es sumamente peligroso, pero a mí en Pachuca me niegan información y aquí en Toluca no aparecía la carpeta. Lo que exijo es que le imputen también el delito de desaparición para evitar que pueda salir libre», recriminó la madre buscadora.
DOS CÓMPLICES PRÓFUGOS Y CERRAZÓN MINISTERIAL
La señora Concepción puntualizó que el proceso penal dista de estar cerrado. Durante la audiencia condenatoria en Mixquiahuala, el órgano judicial colegiado determinó mantener abierta la causa penal ante la existencia acreditada de dos personas adicionales que participaron activamente en los hechos y cuyas órdenes de captura no han sido ejecutadas por la fiscalía hidalguense bajo el argumento de mantener la secrecía ministerial.
Por último, Rivera Guerrero y activistas acompañantes reprocharon el repliegue y la falta de empatía de la titular de la Fiscalía Central de Género, Dilcya García, acusando que se les cerraron las puertas del edificio gubernamental al acudir de forma pacífica a ingresar un pliego petitorio por escrito. Advirtieron que, de persistir la opacidad y las dilaciones procesales en ambos estados, retomarán las protestas y bloqueos carreteros para visibilizar el caso.
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