Entre 2022 y 2026 se documentaron 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras; solo cuatro casos cuentan con sentencia condenatoria.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia de la impunidad en las agresiones contra personas defensoras en México y solicitaron medidas para garantizar el acceso a la justicia, durante una audiencia pública realizada en el marco del 179.º periodo de sesiones del organismo.
Las organizaciones informaron que, entre enero de 2022 y septiembre de 2026, se documentaron 113 casos de homicidio y desaparición de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales el 96.5 por ciento permanece sin una sentencia condenatoria. Advirtieron que la falta de justicia prolonga el daño a las víctimas, sus familias y comunidades, además de generar miedo y limitar la defensa de los derechos humanos.
Ante esta situación, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) establecer un plan público y verificable para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en todas las fiscalías del país. La propuesta contempla responsables, recursos, plazos, capacitación y mecanismos de seguimiento con participación de la sociedad civil.
Durante la audiencia, representantes de la CIDH y de Naciones Unidas subrayaron la importancia de contar con investigaciones efectivas y medidas que permitan identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones.
Por su parte, el Estado mexicano asumió seis compromisos, entre ellos elaborar un plan nacional de implementación del protocolo, difundirlo de manera accesible, homologar el registro de delitos, establecer una mesa de trabajo para revisar los 113 casos documentados y valorar la creación de una fiscalía especializada.
Las organizaciones señalaron que la aplicación efectiva de estos mecanismos requiere recursos, coordinación institucional y rendición de cuentas para garantizar el acceso a la justicia y la protección de quienes defienden los derechos humanos.
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