Habitantes de la delegación Independencia acusan que el Ayuntamiento simuló una consulta ciudadana y advierten riesgos viales, desabasto de agua y afectaciones por una falla geológica; solicitan la intervención de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez.
Habitantes de la delegación Independencia, en Toluca, denunciaron presuntas irregularidades en la autorización del cambio de uso de suelo de habitacional a industrial para construir 40 bodegas destinadas a actividades de carga pesada, proyecto que, aseguran, podría afectar a más de 5 mil personas.
Durante una manifestación, Chantal Zepeda Escobar, regidora y vecina de la zona, señaló que el Ayuntamiento habría simulado el procedimiento de consulta ciudadana, al considerar únicamente la participación de nueve personas, sin alcanzar, según afirmó, el 1 por ciento de la población que debía tomarse como referencia.
Explicó que los habitantes promovieron recursos legales y consiguieron una suspensión definitiva de uno de los proyectos de construcción. Sin embargo, el litigio continúa y actualmente está bajo la atención de la jueza Amelia Ivonne Mejía Guerrero, por lo que solicitaron que las resoluciones se emitan con transparencia y apego a derecho.
La representante vecinal también acusó que el gobierno municipal busca revertir la suspensión y ha solicitado que las audiencias se realicen de manera privada, situación que, consideró, limitaría el acceso de los habitantes a la información del proceso.
De acuerdo con los vecinos, el proyecto contempla dos predios: uno con 24 bodegas y otro con 16. Entre las principales preocupaciones se encuentra la cercanía con guarderías, jardines de niños, primarias, secundarias y una universidad, además del tránsito cotidiano de personas adultas mayores.
Zepeda Escobar advirtió que las calles de la colonia son de carácter habitacional y cuentan únicamente con dos carriles, por lo que no están diseñadas para soportar el tránsito constante de vehículos de carga pesada.
A estas condiciones se suman, según los manifestantes, la existencia de una falla geológica identificada previamente por Protección Civil y los problemas de abastecimiento de agua que enfrenta la zona.
Los habitantes también señalaron que desconocen quiénes son los propietarios y socios de las empresas beneficiadas, debido a que, afirmaron, no se ha transparentado la información relacionada con el proyecto.
Ante esta situación, hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que intervengan y garanticen los derechos de las familias afectadas.
Finalmente, advirtieron que continuarán con las acciones legales y no descartaron llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de organizar una movilización hacia Palacio Nacional para exigir una respuesta de las autoridades.
Descubre más desde Comunicadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
