La organización señala agresiones policiales y detonaciones de armas de fuego durante una protesta contra la ampliación de un relleno sanitario.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías municipales contra personas que participaban en una protesta pacífica contra la ampliación de un relleno sanitario en San Andrés Cholula.
De acuerdo con testimonios recopilados por la organización, los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2024, cuando personas de comunidades de la región de los volcanes se manifestaron contra el proyecto, al considerar que podría afectar los mantos acuíferos y la salud de quienes habitan en la zona.
Según los testimonios citados por Amnistía Internacional, durante la tarde llegaron al lugar al menos 10 camiones de basura, acompañados por elementos de las policías estatal y municipal, cuyo ingreso al relleno sanitario fue rechazado por las personas manifestantes.
La organización señaló que, posteriormente, agentes de la Policía de San Andrés Cholula habrían golpeado a manifestantes, arrojado una motocicleta al fuego y causado daños a vehículos, además de realizar detonaciones de armas de fuego.
También se reportó que elementos de la policía ministerial de San Pedro Cholula habrían ingresado sin autorización a una vivienda relacionada con las protestas.
Ante estos hechos, Amnistía Internacional llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el derecho a la protesta pacífica, investigar las posibles violaciones a derechos humanos y reparar integralmente los daños ocasionados a las personas afectadas.
La organización recordó que la protesta pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y constituye una vía para exigir otros derechos y denunciar posibles abusos.
Asimismo, solicitó a las autoridades de Puebla, así como a Conagua, Semarnat y Profepa, mantener abierto el diálogo con las comunidades y atender sus demandas.
Finalmente, pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentar los hechos y mantener un monitoreo de las protestas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
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