El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, aprobó nuevos lineamientos para ordenar las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad administrativa.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México estableció lineamientos para la investigación y la substanciación de responsabilidades administrativas en la institución, lo que significa que las denuncias deberán seguir un procedimiento definido, con plazos y responsabilidades claras, para determinar si hubo alguna irregularidad y evitar decisiones sin sustento. La medida busca fortalecer la vigilancia sobre el desempeño judicial y dar mayor certeza a quienes presentan una queja o participan en estos procesos.
El acuerdo general AGPTDJ/23/2026 fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Pleno del TDJ encabezado por la Magistrada Presidenta Maricela Reyes Hernández, junto con las magistradas Nancy Flores Mendoza y Karla Ivonne Díaz Iniesta, así como los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez. El documento establece los lineamientos que deberán seguir las autoridades encargadas de investigar y tramitar los procedimientos por posibles responsabilidades administrativas.
Las reglas detallan cómo puede comenzar una indagatoria, quién revisa las denuncias y qué pasos deben seguirse para reunir pruebas. Los casos pueden originarse por una queja, una actuación de oficio del propio Tribunal o la intervención de las instancias facultadas, entre ellas la Contraloría Interna. La Presidencia del TDJ determinará si una denuncia se admite y, de ser así, dará paso a la investigación.
Los lineamientos también fijan tiempos para avanzar en cada expediente. La persona agente investigadora deberá iniciar las diligencias dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del asunto; el periodo ordinario para investigar será de seis meses, con posibilidad de una ampliación excepcional por un lapso igual. Estos plazos buscan dar orden al trabajo de las áreas responsables y evitar que los asuntos permanezcan abiertos indefinidamente, aunque cada caso deberá atenderse conforme a las condiciones y disposiciones aplicables.
El área de Investigación reunirá datos, documentos y otros elementos para esclarecer los hechos, mientras que la de Substanciación conducirá el procedimiento administrativo cuando corresponda. Las labores se distribuirán entre las áreas regionales de Toluca, Texcoco, Tlalnepantla y Ecatepec. Además, se prevé el uso de herramientas digitales para gestionar los expedientes, con medidas para proteger la información y los datos personales.
El acuerdo obliga a respetar la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la garantía de audiencia y el debido proceso. Esto significa que las autoridades deberán actuar con legalidad y respeto a los derechos de las partes, sin confundir una acusación con una falta comprobada. La aplicación de estas garantías es relevante tanto para quien denuncia una posible irregularidad como para la persona señalada.
Las disposiciones contemplan, además, que las autoridades actúen con perspectiva de género cuando resulte pertinente y respeten los derechos humanos de las personas involucradas. En asuntos relacionados con posibles actos de discriminación, hostigamiento o violencia de género, la atención deberá considerar las circunstancias del caso y evitar la revictimización. Con ello, los procedimientos disciplinarios deberán atender los hechos con seriedad, sin perder de vista la protección de quienes acuden a las instituciones.
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