Un proyecto de ley bipartidista busca acelerar la construcción de infraestructura eléctrica y hacer que los grandes centros de datos asuman una mayor parte de los costos de las ampliaciones necesarias para abastecerlos.
Fuente: Reuters
WASHINGTON.— El crecimiento acelerado de los centros de datos utilizados para inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales desafíos energéticos y políticos en Estados Unidos, ante el aumento de los costos de electricidad y la presión para ampliar la infraestructura necesaria para abastecer estas instalaciones.
La primera prueba legislativa sobre este tema será un proyecto de ley bipartidista que el Senado estadounidense comenzará a discutir este lunes. La propuesta busca agilizar los permisos para construir nuevas centrales eléctricas y líneas de transmisión, pero también establece que los grandes operadores de centros de datos deberán asumir una mayor proporción del costo de las mejoras en la red eléctrica que requieran sus instalaciones.
El proyecto, denominado Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo en Estados Unidos (BAAJA, por sus siglas en inglés), es considerado por sus impulsores como una de las opciones más viables a corto plazo para atender el impacto energético de la expansión de la inteligencia artificial.
La iniciativa también contempla mecanismos para evitar que los hogares, empresas y otros usuarios del servicio eléctrico terminen pagando los costos de infraestructura relacionada con proyectos de centros de datos que finalmente no se concreten.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un escenario incierto. Organizaciones ambientalistas y grupos indígenas sostienen que las modificaciones podrían debilitar las evaluaciones ambientales y afectar la soberanía de comunidades tribales. El Sierra Club y otros grupos han señalado que las enmiendas presentadas recientemente no resuelven sus principales objeciones.
La discusión ocurre además después de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas obtuvieron una victoria que les permitirá controlar ambas cámaras del Congreso a partir del próximo año. Algunos legisladores demócratas han cuestionado que la iniciativa pueda facilitar todavía más la construcción de centros de datos, pese a que durante la campaña electoral su partido planteó la necesidad de establecer mayores controles sobre esta industria.
De acuerdo con TD Cowen, las probabilidades de aprobación del proyecto descendieron de 40 a 25 por ciento después de las elecciones. La firma atribuyó parte de esta incertidumbre a las diferencias entre legisladores sobre las concesiones que la iniciativa podría otorgar a las industrias petrolera y gasífera.
El presidente Donald Trump ha respaldado el proyecto y pidió al Senado aprobarlo. Entre sus argumentos, destacó la importancia estratégica de los centros de datos para la competencia tecnológica de Estados Unidos frente a China.
La industria de los centros de datos, sin embargo, no ha respaldado formalmente la iniciativa. La Coalición de Centros de Datos, agrupación que representa al sector, no se ha pronunciado a favor del proyecto.
El costo de la inteligencia artificial llega a la red eléctrica
El debate legislativo refleja un problema cada vez más relevante para Estados Unidos: los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad para operar servidores destinados, entre otras actividades, al desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial.
La expansión de estas instalaciones obliga a desarrollar nuevas líneas de transmisión, aumentar la capacidad de generación y realizar modificaciones en las redes eléctricas. El punto de conflicto es quién debe pagar por esa infraestructura.
Los impulsores de BAAJA sostienen que los grandes consumidores deben asumir una mayor parte de esos costos, mientras que algunos legisladores y organizaciones ambientalistas advierten que acelerar los permisos podría reducir las garantías ambientales y facilitar una expansión energética que incluya nuevos proyectos de combustibles fósiles.
Algunos análisis también plantean que las reformas podrían tener un efecto positivo en materia ambiental. Un estudio de Rhodium Group estima que las modificaciones relacionadas con permisos y transmisión permitirían atender una mayor demanda eléctrica de los centros de datos mediante una red que incorpore más energía limpia, lo que podría reducir las emisiones asociadas entre 31 y 90 por ciento, dependiendo de la combinación de fuentes utilizada.
Para Joseph Majkut, director del programa de seguridad energética y clima del Center for Strategic and International Studies, la iniciativa resulta relevante tanto por el impacto en los costos de la electricidad como por la necesidad de establecer reglas para el crecimiento de los centros de datos.
La discusión en el Senado podría marcar el rumbo del debate que se intensificará el próximo año, cuando los demócratas asuman el control del Congreso y se prevé la presentación de nuevas iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial, el consumo de energía y la construcción de centros de datos.
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