La falta de recursos para enfrentar el cambio climático marcó las discusiones en Antalya, donde la ONU advirtió que la financiación para los países vulnerables sigue muy por debajo de sus necesidades.
Antalya, Türkiye.— La falta de financiamiento suficiente para enfrentar los efectos del cambio climático elevó las voces en la COP31 para exigir que los países y sectores que más contaminan asuman una mayor responsabilidad económica frente a la crisis climática.
Durante las negociaciones celebradas en Antalya, manifestantes y organizaciones de la sociedad civil reclamaron justicia climática y pidieron que “paguen los contaminadores”, mientras representantes de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que los recursos disponibles continúan siendo insuficientes para proteger a las comunidades más vulnerables.
El Secretario General de la ONU señaló que, incluso si se triplicara la financiación destinada a la adaptación climática, ésta cubriría menos del 30 por ciento de las necesidades existentes en los países vulnerables.
Advirtió además que los desastres relacionados con el clima están borrando décadas de avances en materia de desarrollo y obligando a países afectados por sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos a asumir mayores niveles de deuda.
“No se puede construir la paz en un planeta en llamas”, afirmó durante su última rueda de prensa en una COP como Secretario General de Naciones Unidas.
Uno de los principales reclamos se concentra en el actual sistema financiero internacional y en las dificultades que enfrentan los países en desarrollo para acceder a recursos destinados a la adaptación y a la atención de los daños provocados por fenómenos climáticos extremos.
De acuerdo con los compromisos existentes, los países desarrollados deberán encabezar los esfuerzos para movilizar al menos 300 mil millones de dólares anuales para las naciones en desarrollo hacia 2035, como parte de una meta más amplia de 1.3 billones de dólares.
Sin embargo, una evaluación presentada durante la COP31 advierte que, de mantenerse las tendencias actuales, el financiamiento anual podría quedar 840 mil millones de dólares por debajo de ese objetivo mayor.
Ante este escenario, instituciones financieras de desarrollo de Reino Unido, Noruega y Canadá anunciaron planes para movilizar 10 mil millones de dólares destinados a proyectos climáticos en mercados emergentes hacia 2030.
La discusión también alcanzó al sector agrícola. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que únicamente alrededor del 5 por ciento del financiamiento para el desarrollo relacionado con el clima llega a la agricultura, pese a que millones de productores enfrentan los efectos de sequías, inundaciones y cambios en los patrones climáticos.
La inversión en adaptación, explicaron especialistas, puede ayudar a restaurar tierras, mejorar el uso del agua y fortalecer cultivos frente a fenómenos extremos, además de reducir riesgos de inseguridad alimentaria y hambre.
Otro de los mecanismos analizados fue el seguro paramétrico, que permite entregar indemnizaciones cuando se cumplen condiciones previamente establecidas, como determinados niveles de lluvia o velocidad del viento, sin tener que esperar largos procesos de evaluación de daños.
Para organizaciones y especialistas, la acción climática también representa una oportunidad económica, particularmente mediante la expansión de energías renovables, la eficiencia energética y soluciones que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles.
Mientras continúan las negociaciones, la financiación climática, las pérdidas y daños y el futuro de los combustibles fósiles permanecen entre los principales temas pendientes.
En paralelo, las organizaciones de la sociedad civil mantienen la presión para que los países con mayores niveles de emisiones contribuyan de manera proporcional a enfrentar una crisis que afecta con mayor intensidad a comunidades que, en muchos casos, han contribuido mucho menos al calentamiento global.
El reclamo de fondo en la COP31 es claro: quienes más han contribuido a la crisis climática deben asumir una mayor responsabilidad para financiar la adaptación, proteger a las comunidades vulnerables y enfrentar los daños que ya está provocando el cambio climático.
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