Una de cada cinco muertes adolescentes en el país está relacionada con la violencia: Especialistas
Por Christian Castro Alamilla, Elisa Hidalgo Solórzano y Héctor Gómez Dantés*
Las muertes en la adolescencia, al ser una interrupción prematura de la vida, fracturan profundamente a las familias y a la sociedad. Entre 2012 y 2024 ocurrieron en México 161,731 defunciones en población adolescente de entre 10 y 19 años. Lo alarmante es que 30,163 (18.65%) de ellas fueron causadas por homicidios o agresiones. En palabras sencillas, casi una de cada cinco muertes adolescentes en el país está relacionada con la violencia.
Estas cifras por sí solas son un llamado de alerta, ya que la adolescencia es una etapa de transición fundamental para el aprendizaje, la construcción de la identidad y de un proyecto de vida. Por esta razón, cuando se le arrebata la vida a un adolescente, la pérdida no solamente se limita al individuo, sino que también se trunca una historia familiar y una oportunidad de desarrollo para toda la sociedad.
Un análisis de los registros de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) identificó que los homicidios en adolescentes no se distribuyen de manera homogénea. La mayor carga se concentra en los hombres, especialmente durante la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años. La violencia afecta de manera distinta no sólo según la edad y el sexo, sino también por entidad federativa. Geográficamente, el impacto se puede observar con números absolutos en Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, que concentraron el mayor número total de defunciones. Cuando se analizan las tasas de mortalidad por cada 100,000 adolescentes, el mapa se reorganiza con las tasas de homicidio más altas en Zacatecas (32.26), Colima (30.87), Chihuahua (26.27), Guerrero (24.26), Morelos (22.84) y Guanajuato (22.80).
Un hallazgo central en este análisis es el peso de las armas de fuego: casi siete de cada diez homicidios adolescentes se perpetraron por disparos y más de la mitad ocurrieron en la vía pública. Esto demuestra que los homicidios ocurren en espacios donde las y los jóvenes transitan, conviven, estudian e inclusive trabajan y no son únicamente un problema del ámbito privado, familiar o escolar.
Una manera más clara de dimensionar esta problemática es cuantificando los años de vida potencial perdidos (AVPP) por muerte prematura. Durante el periodo de 2012 a 2024, los homicidios adolescentes representaron más de 1.7 millones de AVPP, cifra que traduce las muertes en tiempo social perdido; es decir, años que pudieron haberse vivido, estudiado, trabajado, compartido y construido. Desde la salud pública, este indicador nos permite reconocer que las muertes por agresión no solamente le arrebatan la vida a una persona, sino también reducen la esperanza colectiva de vida y el desarrollo.

Frente a este panorama, la evidencia producida a partir de estadísticas vitales debe traducirse en información útil para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones. El gobierno necesita datos oportunos y comparables para orientar tanto acciones de prevención y protección de adolescentes en territorios con mayor riesgo, así como estrategias de vigilancia epidemiológica, control de armas y recuperación de espacios públicos. Sin embargo, la sociedad también debe reconocer que estas muertes no son hechos aislados o inevitables, sino una expresión de desigualdades, entornos inseguros y fallas de protección que pueden y deben atenderse.
Pensar en homicidios adolescentes como un problema de salud pública implica preguntarnos qué condiciones sociales, territoriales e institucionales permiten que tantos adolescentes pierdan la vida antes de tiempo. Cada una de estas muertes representa una falla en la protección de la vida; por ello, analizar y comunicar esta información es una forma de hacer visible una problemática que exige respuestas públicas. Evitar esta tragedia es un asunto de las autoridades de seguridad, y una tarea que debe conectar a las escuelas con el desarrollo social, la promoción de la salud, las comunidades y las familias.
Como país, no podemos normalizar la violencia ni acostumbrarnos a que nuestros jóvenes mueran por esta causa. No basta con medir el problema; las autoridades deben actuar y la sociedad debe exigir soluciones.
*Especialistas en salud pública. Invitados por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
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