De mil 200 solicitudes presentadas originalmente, apenas 600 recibieron turno de atención.
Integrantes del colectivo «Presunción de Inocencia» denunciaron opacidad, simulación y dilación por parte de diversas instancias del Estado de México en la tramitación de solicitudes de amnistía. Acusaron que, en administraciones pasadas, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía estatal obstaculizaron intencionalmente los procesos para evitar la revisión de casos de alto impacto.
Durante una exposición sobre el estado que guardan sus exigencias legales, el fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Pérez Espinoza, recordó que de mil 200 solicitudes presentadas originalmente, apenas 600 recibieron turno de atención. Dijo que las solicitudes fueron dispersadas de manera fragmentada en municipios como Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Atlacomulco para entorpecer su resolución jurídica en conjunto.
JUDICIALIZACIÓN Y FALLAS INSTITUCIONALES
Pérez Espinoza recordó que, tras recurrir a amparos colectivos, los tribunales federales determinaron que ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial contaban con facultades para otorgar amnistías en su momento, recayendo dicha atribución exclusivamente en el Poder Legislativo. Acusó que los cambios legales previos blindaron de facultades excesivas a ciertos órganos, obligando a las familias a esperar nuevas reformas legislativas para reanudar sus peticiones.
CRÓNICA DEL ABANDONO EN RECLUSORIOS
Los voceros del colectivo enfatizaron la urgencia de transformar el sistema penitenciario y de procuración de justicia, recordando las duras condiciones humanas vividas al interior de los penales mexiquenses. Denunciaron la pérdida de vidas por enfermedades prevenibles como tuberculosis, infecciones derivadas de la falta de control médico, y el desvío de medicamentos destinados a personas privadas de la libertad de escasos recursos.
EXIGENCIAS DE CARA AL CIERRE DE AÑO
De cara al cierre del ejercicio anual y ante la transición de la Comisión de Amnistía a carácter ordinario, el colectivo, representado por Pérez Espinoza estableció tres demandas prioritarias:
-Asignación presupuestal clara: Que la comisión informe de manera inmediata sobre la partida y los recursos económicos destinados a peritos y expertos técnicos.
-Autonomía institucional: Confían en que la renovación y la presencia de integrantes con mayor autonomía al interior de los órganos de impartición de justicia permitan destrabar los casos acumulados.
-Reforma integral: Insistieron en que el sistema de justicia del Estado de México requiere una profunda depuración de elementos de corrupción, enfatizando que la revisión de perfiles y la continuidad de las reformas judiciales son claves para garantizar el acceso efectivo a la libertad de personas inocentes.
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