El plan contempla mayor transparencia, un padrón público de proveedores, datos abiertos, precios homologados y una planta propia para materiales electorales
El Gobierno de México anunció una reestructuración de Talleres Gráficos de México (TGM) para fortalecer su capacidad de producción y consolidarlo como una imprenta nacional con mayores mecanismos de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas.
Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el decreto mediante el cual se implementará un plan de fortalecimiento de este organismo público descentralizado, que contempla cambios en su estructura, operación y mecanismos de supervisión.
El proyecto se desarrollará en dos fases, entre noviembre de 2026 y 2030, y contempla ampliar la participación de TGM en la producción de documentación y materiales electorales, así como de formatos, actas, títulos, gacetas y otros impresos de la Administración Pública Federal.
Como parte de la primera etapa, que comprende de noviembre de 2026 a junio de 2027, la Junta de Gobierno pasará de cinco a siete integrantes. La integrarán representantes de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, además de tres integrantes independientes.
Los perfiles independientes serán Ángel Eustorgio Rivera González, del Instituto Politécnico Nacional; Raúl Juan Contreras Bustamante, de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey.
También se designó como nueva titular de Talleres Gráficos de México a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, doctora en Políticas Públicas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, quien desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos de TGM.
El nuevo esquema contempla además la creación de un padrón público de contratistas y proveedores, con información sobre sus capacidades técnicas, materiales, operativas, administrativas y financieras. También se establecerá un registro público en datos abiertos de los contratos y convenios celebrados, así como de sus procesos de ejecución.
Entre las medidas de vigilancia se establece que el organismo deberá solicitar anualmente una auditoría voluntaria ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Asimismo, no podrá contratar empresas sancionadas, observadas por la ASF o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
El plan también contempla establecer precios homologados autorizados por la Junta de Gobierno para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
De acuerdo con la información presentada, Talleres Gráficos de México produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025. Sin embargo, durante 2024, 19 de los 32 OPLE, equivalentes al 59 por ciento, no imprimieron sus boletas en TGM y recurrieron a proveedores privados.
La segunda fase, prevista de julio de 2027 a 2030, contempla formular una Ley de la Imprenta Nacional de México, con un mandato para la producción de documentación y materiales electorales, así como de documentación de seguridad.
También se prevé modernizar la infraestructura y el equipamiento para la producción de materiales electorales y documentos de seguridad, consolidar las compras mediante un catálogo único y crear un almacén nacional para rehabilitar y reutilizar materiales entre procesos electorales.
El proyecto contempla finalmente poner en operación una planta propia entre 2028 y 2030, además de impulsar modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos bajo las especificaciones y controles de calidad del INE.
El calendario establece que entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se emitirán el Estatuto Orgánico, el padrón de proveedores y el programa de inversión. Para 2027 se prevé avanzar en la producción bajo esquemas de datos abiertos, las iniciativas legislativas y la presentación de informes públicos sobre ahorros y resultados de auditoría.
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