Los inconformes acusan seis años de bloqueo institucional y exclusión en el ISSEMYM.
Integrantes de la Unión de Pensionados y Pensionistas se manifestaron este martes con una marcha y un plantón frente a las sedes institucionales en la capital del estado, denunciando un grave rezago, simulación y la violación sistemática de sus derechos de seguridad social. Con una representación proveniente de diversos municipios del Estado de México, los manifestantes exigieron el cese a los abusos institucionales y la integración inmediata de sus legítimos representantes en el consejo directivo del instituto.
🏛️ Exclusión y falta de representación en el Consejo
Durante el mitin, los voceros del movimiento señalaron que llevan más de seis años sin contar con la representación formal que por ley les corresponde en las sesiones del consejo directivo del ISSEMYM. Acusaron que tanto la Oficialía Mayor —a cargo de la Oficial Mayor, Trinidad Franco Artero— como la Dirección General del instituto han evadido dar cumplimiento al artículo 16 de la ley del organismo, el cual mandata la integración de dos vocales de los pensionados y pensionistas (uno por el Valle de Toluca y uno por el Valle de México).
«El director dice no estar facultado y la Oficialía Mayor no da cuenta de lo que pasa; nos han dejado sin voz ni voto en las decisiones que afectan directamente nuestra seguridad social», señalaron los representantes, quienes recordaron que esta demanda ha sido planteada desde los tiempos de campaña sin obtener una solución definitiva.
💰 Descuentos injustificados, amparos y opacidad financiera
La organización, que agrupa a más de 100,000 jubilados con una trayectoria de 58 años, denunció que las administraciones públicas han intentado desarticular su unidad bajo el falso argumento de supuestas divisiones internas. Afirmaron que, a pesar de los acuerdos de unificación respaldados por la asamblea y los estatutos a favor de su dirigente, don Everardo López Pérez, se han interpuesto trabas burocráticas y dilaciones de hasta año y medio.
Asimismo, los inconformes recriminaron que se les criminalice financieramente bajo la narrativa de que «desfalcan» el instituto, cuando en realidad enfrentan:
Descuentos en materia de seguridad social superiores a los de los trabajadores activos.
Pensiones precarias de hasta 4,000 pesos mensuales que obligan a los adultos mayores a promover juicios de amparo.
Una total opacidad en el manejo de recursos, mientras persisten sospechas del uso de fondos institucionales para otros fines.
UN LLAMADO DIRECTO A LA GOBERNADORA
Los manifestantes hicieron un llamado enérgico a la gobernadora del estado para que intervenga de manera directa y se restablezca la legalidad institucional, recordando que las leyes se crearon para proteger a los sectores vulnerables y no para vulnerar sus derechos adquiridos tras décadas de servicio público.
Finalmente, advirtieron que esta movilización no es un hecho aislado y que continuarán en pie de lucha y en las calles hasta que se respeten los cauces legales, se cumpla con las vocalías del artículo 16, y se garantice un trato digno para los más de 100,000 pensionados y pensionistas mexiquenses.
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