La propusta es adecuar las funciones y responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial a la nueva estructura del Poder Judicial estatal dispuesta en la Constitución local.
El legislador Octavio Martínez Vargas (morena) propuso actualizar las competencias, funciones y responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial a fin de adecuarlas a la nueva estructura del Poder Judicial de la entidad conforme a las reformas a la Constitución local avaladas en diciembre de 2024.
Mediante modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el parlamentario también busca precisar los procedimientos relacionados con licencias, vacantes, sustituciones y organización administrativa, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control institucional, al delimitar las competencias para investigar y sancionar faltas administrativas, mejorar la supervisión del desempeño judicial y definir las atribuciones de la Contraloría Interna del Poder Judicial.
La iniciativa, expuesta en sesión deliberante, aclara que no se pretende crear órganos o plazas ni generar un impacto presupuestal. También señala que la ley orgánica vigente, avalada el 2 de septiembre de 2025, fue elaborada en plazos breves y en medio de la primera elección judicial de la entidad, celebrada el 1 de junio del mismo año.
Añade que este ordenamiento presenta contradicciones con el texto constitucional, mientras que algunos de sus artículos asignan la misma atribución a dos o tres órganos distintos, además de registrar lo que el congresista considera lagunas, remisiones a figuras inexistentes o errores de técnica legislativa.
Por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo garantizar certeza en la titularidad de los órganos jurisdiccionales y concentrar en el Órgano de Administración Judicial las funciones que le confiere la Constitución, así como la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional y un sistema único de información estadística.
Asimismo, busca delimitar las competencias de investigación, substanciación y resolución entre la Contraloría Interna y el Tribunal de Disciplina Judicial; establecer los criterios e indicadores mínimos para evaluar a las personas juzgadoras electas durante su primer año de ejercicio y homologar la calificación de excusas, recusaciones e impedimentos.
Argumenta que las “inconsistencias” que identifica tienen un origen común: la transición de un modelo en el que el Consejo de la Judicatura concentraba la administración, la vigilancia y la disciplina a otro en el que esas funciones se reparten entre tres órganos con naturaleza y garantías constitucionales propias (Tribunal Superior de Justicia, Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial).
Agrega que cuando dos órganos se consideran competentes para conceder una misma licencia, resolver un mismo procedimiento disciplinario o designar a una misma persona sustituta, el acto que se emita queda expuesto a impugnación por falta de competencia, con la consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas servidoras públicas, de las partes en los juicios y de la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, se plantea armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la Constitución local mediante una distribución precisa de competencias entre los tres órganos, a fin de garantizar la seguridad jurídica de sus actos, prevenir su nulidad por incompetencia y consolidar la legitimidad de ejercicio del nuevo modelo judicial.
Cabe señalar que, entre los principales aspectos de las reformas constitucionales de 2024, se encuentran la elección popular de personas magistradas y juzgadoras, así como una reestructuración orgánica del Tribunal Superior de Justicia, mediante la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, en sustitución del entonces Consejo de la Judicatura. Por mandato constitucional, se avaló una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en septiembre de 2025.
En tribuna, el parlamentario explicó que en la ley vigente se advierte un conjunto de duplicidades y ausencias que afectan la actividad jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, además de imprecisiones provenientes de la reforma federal que no fueron adecuadas al marco jurídico del Estado de México, por lo que la finalidad de su iniciativa es evitar la ambigüedad legal sobre las atribuciones de sus órganos.
Recordó que las convocatorias de los procesos de elección judicial deberán publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027, con miras a los comicios del primer domingo de junio de 2028, por lo que consideró apremiante contar con un ordenamiento jurídico adecuado que regule a esta institución.
Descubre más desde Comunicadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
